La Asamblea Legislativa está investigando mediante una comisión especial si los fondos públicos recibidos por las organizaciones no gubernamentales, fundaciones y asociaciones en El Salvador han sido utilizados en proyectos concretos o si estas han funcionado como una especie de "fachada" para captar ilegalmente fondos del Estado, con la participación de diputados.
Todos los años, cuando aprueba el presupuesto general de la nación, la Asamblea Legislativa también ha aprobado fondos a diferentes organizaciones no gubernamentales, fundaciones sin fines de lucro y diferentes asociaciones.
En el momento de aprobación, varios diputados usualmente solicitan fondos para organizaciones específicas. Para el presupuesto 2021, fueron asignados a distintas organizaciones, mediante los ramos de Salud, Gobernación, Economía y Educación. Algunos subsidios son canalizados por universidades.
Estas son algunas de las aprobadas para el presupuesto 2021:
En 2019, la Asamblea Legislativa modificó el presupuesto el 13 de diciembre para asignar $22.6 millones a 66 ONG y asociaciones, incluyendo a iglesias, universidades privadas y casas hogar, que no habían sido incluidas.
Algunas fueron la Escuela Superior de Ingeniería (ITCA), Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (Uca), Asociación Agape de El Salvador, Fundación Teletón Pro-Rehabilitación (Funter), Comité Pro-construcción de la Iglesia Católica Cristo Rey, en Ciudad Real, Centro de Apoyo a Lactancia Materna (Calma), Asociación Cristiana de las Buenas Nuevas.
El artículo 10 de la ley del presupuesto prohíbe hacer desembolsos y transferencias a asociaciones con vínculo material con partidos políticos y grupos afines, funcionarios públicos o sus parientes.
La comisión especial decidió este jueves solicitar al Ministerio de Hacienda entregar un histórico sobre todas las transferencias realizadas a las organizaciones y al Ministerio de Gobernación, sobre las personerías jurídicas que tengan.