Lo cinco líderes ambientalistas del cantón Santa Marta, distrito de Victoria, en Cabañas, acusados de estar involucrados en un crimen de una mujer durante la guerra civil, enfrentarán un juicio los días 8, 9 y 10 de octubre próximo.

El miembro de la junta directiva de Asociación para el Desarrollo Económico y Social de Santa Marta (ADES) y parte de la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica, Alfredo Leiva Avilés, explicó que realizan dos semanas de acción, para preparar condiciones de cara a la audiencia que tendrán los cinco ambientalistas, que actualmente guardan arresto domiciliario.

“Con apoyo internacional se han previsto dos semanas de acción internacional, para incidir en la decisión de la jueza del Tribunal de Sentencia, para que pueda fallar a favor de nuestros compañeros, con acciones en distintas partes del mundo, como la de hoy (25 de septiembre) a la 1:00 p.m. hora nuestra, se desarrollarán acciones de calle, entregar comunicados, hacer conferencias de prensa, pronunciamientos frente a consulados y embajadas de El Salvador, Canadá y Estados Unidos, para incidir”, dijo Leiva Avilés.

En los próximos días, estas acciones también se realizarán en países de Europa y otros países de Latinoamérica.

Leiva Avilés recalcó que el caso no tiene fundamento, ya que no hay pruebas contra los ambientalistas, y que esta criminalización contra ellos es para callarlos, ya que “hay intenciones de reactivar la minería metálica en El Salvador”.

“Nuestros compañeros desde antes de sus detenciones ya venían denunciando que hay intención de reactivar la minería y eso pasa con asignar presupuesto al Ministerio de Economía para revisar y actualizar la ley que prohíbe la minería; lo que hay detrás de la captura de nuestros compañeros es allanar el camino para las empresas que empresas mineras no encuentren resistencia en el territorio”, dijo Leiva Avilés.

Frente a cualquier escenario, el proceso puede alargarse, teme el ambientalista, ya que si el fallo es desfavorable la defensa apelará, y si es favorable, temen que la Fiscalía también apele.

“No hay caso”

Los ambientalistas son acusados y procesados por supuestamente participar en el asesinato de una mujer en el contexto de la guerra civil salvadoreña (1980-1992), en el cantón Santa Marta, de Cabañas.

Leiva Avilés asegura que no hay ninguna prueba para mantener abierto este caso que asegura lo han armado.

El testigo que tienen la Fiscalía aseguró que el cuerpo de la mujer, por el que acusan a los ambientalistas, estaba enterrado en Santa Marta pero no era cierto, asegura el vocero de la Mesa Frente a la Minería.

“La defensa pretende demostrar que no hay caso, porque hay debilidad probatoria, porque la Fiscalía ha presentado un relato con un único testigo contradictorio y que al no existir pruebas se debe cerrar el caso, porque se hizo exhumación del cadáver, donde el testigo dijo que estaba, pero no encontraron nada, desde ahí la Fiscalía no debió seguir creyendo en el testigo, pero lo mantienen, porque es la única manera de tener abierto el caso contra los compañeros”, dijo Leiva Avilés.

La exhumación fue en Hacienda El Guayabal, en Santa Marta, en junio de 2023, en “dónde no se encontró nada, no hay nada, solo la intención de mantenerlos criminalizados”, recalcó el ambientalista.

El caso inició el pasado 11 de enero, cuando la comunidad de Santa Marta denunció la detención de cinco de sus líderes. Ese día, la Fiscalía General de la República ordenó detener a seis personas Miguel Ángel Gámez, Alejandro Laínez García y Pedro Antonio Rivas Laínez, Teodoro Antonio Pacheco, y Saúl Agustín Rivas Ortega. También Fidel Recinos Alas, conocido como el comandante Raúl Hércules, de la Resistencia Nacional, organización que conformó la guerrilla salvadoreña, aglutinada en el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional.

Cinco días más tarde, la Fiscalía acusó a ocho personas en ese caso, incluyendo al firmante de los Acuerdos de Paz, Eduardo Sancho y Arturo Serrano Ascencio, quien reside en Estados Unidos.

La Fiscalía los acusó del asesinato de la señora María Inés Alvarenga, el 22 de agosto de 1989, quien habría sido sacada de su casa y torturada por aproximadamente 15 días, luego asesinada en un campamento guerrillero.