La Fiscalía General de la República presentó este viernes (25.02.2022) la acusación formal en el Juzgado Tercero de Paz de San Salvador contra dos civiles y 13 militares, entre ellos, el expresidente Alfredo Cristiani, tras figurar como sospechosos de la masacre de seis sacerdotes jesuitas y dos de sus colaboradoras, en un hecho ocurrido en el interior del campus de la Universidad Centroamericana, José Simeón Cañas, el 16 de noviembre de 1989.

“Este es un caso que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia manifestó en aquel momento que el requerimiento que se presentó en el año 2000 y que a través del cual se solicitó un sobreseimiento definitivo, era prácticamente, un requerimiento de que no tenía ninguna validez”, afirmó uno de los fiscales.

La nueva acusación planteada por la Fiscalía quedó de la siguiente manera: en el caso del expresidente Alfredo Félix Cristiani Burkard, se acusa de la responsabilidad penal comisión por omisión en el delito de asesinato y Joaquín Arnoldo Cerna Flores por la responsabilidad penal de cómplice en asesinato.

A Inocente Orlando Montano Morales, la Fiscalía le atribuye el asesinato de José Joaquín López y López, Julia Elba Ramos, y Celina Mariceth Ramos.

A los restantes: Juan Rafael Bustillo Toledo, Juan Orlando Zepeda Herrera, Rafael Humberto Larios López, Carlos Camilo Hernández Barahona y Nelson Iván López López, la Fiscalía, los acusa de la coutoría en el asesinato de Ignacio Ellacuría Beascoechea, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes Mozo, Juan Ramón Moreno Pardo, José Joaquín López y López, Armando López Quintana, Julia Elba Ramos y Celina Mariceth Ramos.

También serán procesados por actos de terrorismo, proposición y conspiración para actos de terrorismo y hurto calificado.

En el caso de Carlos Camilo Hernández Barahona, Rodolfo Antonio Parker Soto, Óscar Alberto León Linares y Manuel Antonio Ermenegildo Rivas Mejía serán procesados por la comisión de fraude procesal y de encubrimiento personal.

La Fiscalía también informó a Diario El Mundo que fueron acusados los coroneles Francisco Elena Fuentes y René Emilio Ponce.

“Este escrito forma parte de los esfuerzos que está realizando la Fiscalía General de la República para llevar ante el banquillo de los acusados a todos los responsables de diversos crímenes ocurridos durante la época del conflicto armado, en esa ocasión, las víctimas, seis sacerdotes jesuitas y dos salvadoreñas que colaboraban con ellos, fueron asesinados por miembros del Ejército. La Fiscalía General de la República está empeñada en llevar al banquillo de los acusados, a los responsables de este lamentable y trágico hecho ocurrido durante el conflicto armado”.
Rodolfo Delgado
Fiscal General


El fiscal agregó que con esto están buscando la verdad, la justicia, la reparación a las víctimas y para fomentar que estos hechos no se repitan.

La resolución de reapertura


La Sala amparó al fiscal general de la República por considerar que se vulneraron derechos a la seguridad jurídica, protección jurisdiccional y a conocer la verdad en la resolución de la Sala de lo Penal que anuló el proceso penal el 8 de septiembre de 2020.

De acuerdo a la resolución de amparo, la Sala de lo Penal resolvió “inconstitucionalmente” los recursos de casación de Juan Orlando Zepeda Herrera, Francisco Elena Fuentes y Rafael Humberto Larios López.