De los once imputados, cuatro están presentes, identificados como Sandro Enrique Flores Amaya (agente de la PNC), Germán Josué Portillo Castro, Gabriela Margarita Orellana y Dennis Adelio Segura Gómez.
Según los fiscales de la unidad de hurto y robo, de Fiscalía General de la República (FGR), estos sujetos utilizaban documentos que encontraban extraviadas como licencias y el Documento Único de Identidad (DUI), y así alquilaban vehículos "valiéndose del uso de la mascarilla y las facciones parecidas", y durante ese tiempo de alquiler, elaboraban documentos falsos de compraventa y los vehículos eran vendidos a través de redes sociales como "Marketplace" de Facebook.
"Estamos presentando la solicitud de imposición de medidas en contra de una estructura delincuencial compuesta por once sujetos...dedicada a arrendar vehículos automotores , y en ese tiempo ellos elaboraban documentos de compraventa falsos y los publicaban en redes sociales para su venta", afirmó el fiscal del caso.
Aseguró que la solicitud de imposición de medidas, mientras sigue el proceso de instrucción, es en perjuicio de 89 casos de apropiación indebida de "estafa por montos superiores a los $350,000 que estas personas han logrado apropiarse y han logrado estafar".
"Han utilizado el DUI de 12 personas, totalmente inocentes, quienes han sido procesados en otras instancias, basados en el documento de identidad", añadió.
El fiscal del caso explicó que esta banda vendía los vehículos, en zonas diferentes de donde las habían alquilado. Algunas de las zonas que operaban están: San Salvador, San Miguel, Santa Ana, Sonsonate, San Vicente y Usulután.
"En el caso de Sandro Enrique Amaya, él tenía empleo como agente policial, los demás, algunos estudiantes y otros empleados, pero no con plaza fija conocida, vivían de las estafas", explicó la Fiscalía.
La investigación en contra de la banda inició a principios del 2022.