“Nos hacemos presente este día a la Fiscalía General de la República a interponer una denuncia como querella en el sentido que nos consideramos como defraudación a la economía y de lavado de dinero...porque nos consideramos víctimas de una cooperativa de la ciudad de San Miguel, donde nosotros depositamos dinero y al momento se encontraron unas situaciones anómalas y la Fiscalía ha intervenido esos fondos”, afirmó el alcalde de Chinameca.
De igual forma, dijo que solicitaban a la Fiscalía que los $3.5 millones de los fondos municipales sean liberados, los cuales actualmente están sujetos a investigación.
Detalló que los fondos municipales depositados a plazos en la cooperativa, el primero se hizo el 1 de marzo del 2022 por seis meses, y luego se prorrogó ese plazo por otros seis más, el 1 de octubre del 2022.
“Se depositaron $2.5 millones a cuentas corrientes a partir de octubre del 2022, eso con la intención de poder recuperar intereses que beneficien a la población, decirles que, en ese lapso hemos recuperado de intereses alrededor de $70,000, y eso fondo nos sirve o lo podemos usar para realizar una obra en la comunidad de Chinameca”, explicó Mejicanos.
Diario El Mundo preguntó al abogado del alcalde si la llegada a la Fiscalía, sede de Antiguo Cuscatlán, fue parte de un citatorio como parte de las investigaciones al alcalde, pero este respondió que “al contrario, él ha venido a denunciar”. Aseguró que la Fiscalía ya realizó las diligencias para establecer la responsabilidad de los directivos de las cooperativas financieras.
El proceso.
En mayo, la Fiscalía abrió una acusación penal contra los fundadores de la cooperativa Acotemic de R.L. y Acomatic de R.L. de C.V., acusados de lavado de dinero de $49 millones.“Se aprovecharon de sus cargos para mover dinero de forma irregular para beneficio propio y de sus familias, a través de cuentas de ahorro, certificados de depósitos a plazo y ahorros navideños”, aseguró la Fiscalía.
Añadió que el modo de operación era la simulación de préstamos para crear certificados de depósitos a plazo y cobraban los intereses de 15 años por adelantado.
La Fiscalía acusa a diez personas por lavado de dinero y activos, y defraudación a la economía pública.
El pasado 25 de mayo, el Juzgado Especializado de Instrucción C2 de San Miguel resolvió que continúen en detención mientras el caso pasa a instrucción.