“La ley está en archivo desde que entró el nuevo gobierno, asumiendo que eran cosas que habían impulsado los gobiernos anteriores, para no avalar nada de los gobiernos anteriores y entre eso nos llevó entre las patas a nosotras”, explicó la directora de la Asociación Solidaria para Impulsar el Desarrollo Humano (Aspidh Arcoiris), Mónica Linares a Diario El Mundo.
Linares lamentó que desde que la Sala de lo Constitucional ordenó legislar a los diputados, ninguno les ha llamado para generar una nueva normativa, ignorando no solo la orden judicial sino los tratados internacionales, de los que El Salvador es un Estado firmante.
“Nuestra solicitud es que se sienten y que revisen la ley de género que, si no les parece, que nos convoquen y trabajamos una nueva propuesta que sea acorde a garantizar los derechos humanos de las personas trans”, añadió Linares.
En este tema, la abogada y defensora de derechos humanos, Bessy Ríos, cuestionó que la misma Asamblea que eligió la nueva conformación de la Sala, no haya acatado la resolución.
“Tenemos una declaración lamentable como la de Romeo Auerbach diciendo que él no va a cumplir, y entonces me parece una grave incoherencia, terrible, porque él dio su voto para esta sala. Entonces como pongo una Sala que digo que va a ser la mejor sala, que no responde a los mismos de siempre, pero cuando emite una resolución que no me agrada, no la voy a cumplir”, apuntó Ríos.
El 22 de enero del año pasado, la actual Sala de lo Constitucional ordenó a los diputados emitir una reforma para que las personas trans puedan cambiar su nombre y este sea compatible con su identidad de género.
“También procederá el cambio del nombre propio o del apellido, por una sola vez, cuando fuere equívoco respecto del sexo, impropio de persona, lesivo a la dignidad humana, extranjero que se quisiera castellanizar o sustituir por uno de uso común”, dice el inciso segundo, del artículo 23 que fue declarado inconstitucional el 18 de febrero, por unanimidad de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, nombrada el 1 de mayo del 2021.
A criterio de los magistrados, el referido artículo no regula los supuestos y condiciones que pueden llevar a una persona a cambiar de nombre por razón de su identidad de género, lo que constituye “un trato discriminatorio no justificado”.
Este 17 de mayo se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género y las organizaciones volverán a exigir la aprobación de la ley de identidad.