La Colectiva Feminista, el Centro de Derechos Reproductivos y la Organización Ciudadana para la Despenalización del Aborto en El Salvador aseguraron ayer que el Estado salvadoreño ha cumplido parcialmente la sentencia donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) lo encontró culpable por la violación de derechos de Manuela, una mujer que murió en prisión, cumpliendo una condena de 30 años por una emergencia obstétrica.

Las organizaciones, que demandaron al Estado salvadoreño ante la Corte IDH, afirmaron que aunque el Ministerio de Salud ya creó lineamientos para intentar regular el secreto profesional médico y la atención de emergencias obstétricas, estas hace falta difundirlas en los sectores de salud, y que sean aplicados.

“Yo creo que lo que hace falta son diálogos, aclaraciones de cuál es el alcance, más bien cómo les protegería este tipo de medidas y eso pues hace falta hablarlo con el colegio médico pero por ejemplo si ustedes hablan con la asociación de gineco-obstetras de El Salvador, ellos están y son parte del Colegio Médico, ellos están de acuerdo con el secreto médico profesional, es más ellos han andado divulgando la importancia del secreto profesional en otros hospitales de todo el país”, sostuvo Morena Herrera, de la Agrupación Ciudadana, ayer.

Por su parte, Catalina Martínez, del Centro de Derechos Reproductivos, afirmó que el lineamiento para regular el secreto profesional médico tiene ambigüedades, debido a que no explica las situaciones en las que el médico podrá romperlo.

“Los lineamientos todavía dicen que el secreto profesional médico puede ser levantado por razones legales o médicas imperiosas, pero ¿qué quiere decir eso?”, cuestionó Martínez.

Por otro lado, añadieron que aunque El Salvador emitió un protocolo sobre cómo abordar las emergencias obstétricas, no ha sido socializado, y prueba de ello es que siguen capturando mujeres, con las mismas características de Manuela.

¿Quién era Manuela?

Manuela fue una mujer analfabeta nacida en Cacaopera, Morazán, un entorno rural y pobre que en febrero de 2008 sufrió una preclampsia grave postparto por la que fue atendida en un hospital de San Francisco Gotera.

Las autoridades allanaron su vivienda un día después encontrando en una fosa séptica el cuerpo de un recién nacido.

En agosto de 2008, Manuela fue condenada a 30 años de prisión por homicidio agravado y solo dos semanas después la sentencia fue declarada en firme.

En abril de 2010, Manuela murió de cáncer linfático cuando cumplía su condena, la Corte IDH enfatizó en la sentencia que recibió tratamiento de forma tardía e irregular.

Medidas cumplidas.

En noviembre de 2021, cuando la Corte sentenció ordenó medidas de reparación, como atención en salud y educación para los papás de Manuela y los dos hijos que le sobreviven; estas medidas están siendo atendidas por el Ministerio de Salud y Educación, según las organizaciones que también celebraron que la Procuraduría General de la República y el Ministerio de Educación publicaran la sentencia de Manuela en sus sitios web, como una medida de reparación.

Demandaron que el presidente Nayib Bukele, en su calidad de jefe de Estado, aún no ha pedido disculpas públicas a la familia de Manuela, como una medida de reparación y símbolo de no repetición.