Medio colombianos publicaron que el joven José Antonio Potes Cáez, de 27 años, fue detenido en El Salvador, acusado de ser un pandillero del Barrio 18 en enero de este año.
Según la denuncia que la familia hizo a los medios de comunicación de ese país sudamericano, el joven viajó a El Salvador atraído por el plan de seguridad del Gobierno de Nayib Bukele, pero fue detenido al siguiente día de su llegada.
El diario digital Semana relata que Potes Cáez tenía un amigo en El Salvador y pensó que sería un apoyo para iniciar una nueva vida. “A los dos los cogieron. Y la esposa del muchacho fue quien nos dijo. Se comunicó con el amigo que le digo que es de acá de Riofrío (Valle del Cauca)”, aseguró Karol Potes, hermana del colombiano detenido.
Desde el 27 de marzo de 2022, El Salvador está bajo un régimen de excepción que prohíbe el derecho a la defensa, a la detención administrativa por 72 horas y a la no vulneración a las telecomunicaciones.
Hasta el momento, los diputados del partido oficialista, Nuevas Ideas, que tiene mayoría en la Asamblea Legislativa y otros aliados, han prorrogado el régimen de excepción, que según la Constitución de la República puede durar 30 días que pueden ser extendidos por igual número de jornadas.
“Está capturado porque pertenece a la Mara 18 de Colombia ¿dónde hay aquí una mara 18?” cuestionó Claudia Marcela García, pareja de potes a Noticias Uno. Según ella y la madre del joven, él tiene un tatuaje artístico en el pecho.
El periódico Semana también dice que el joven trabajaba como soldador y su amigo en El Salvador le dijo que aquí pagaban mejor, por ello, el joven migró.
La familia ha intentado comunicarse con el Gobierno de El Salvador, a través de la Embajada de Colombia, pero no han tenido respuestas.
Diario El Mundo preguntó al Ministerio de Justicia y Seguridad por la detención del joven colombiano, sin embargo, no ha habido respuesta.
Hasta el 16 de abril de 2023, el Gobierno contabilizó 67,467 capturas de personas supuestamente vinculadas a las pandillas salvadoreñas. Ayer, el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, dijo a los diputados que van más de 4,000 liberados y que todos eran colaboradores de las pandillas, aunque no lo hacían de forma voluntaria, sino “porque no tenían otro camino”.
Sin embargo, organizaciones de sociedad civil y en defensa de derechos humanos lamentaron que más de 100 detenidos, supuestamente de manera arbitraria, murieron en manos del Estado durante el régimen. Además, han afirmado que se han cometido más de 4,000 violaciones a derechos humanos y exigieron la suspensión de la medida.
Un nuevo informe de las organizaciones en defensa de los derechos humanos sugiere al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública actualizar el Protocolo de Minnesota, para investigar las muertes “potencialmente ilícitas y del manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos crueles”.
El estudio suscrito por Cristosal, el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (Idhuca), Fundación para el Debido Proceso, la Red de Defensoras y el Servicio Social Pasionista señalan que en entrevistas con liberados del régimen calcularon que solo en el penal La Esperanza (Mariona) habrían muerto 200 personas “y que al interior de este y otros centros habrían fosas clandestinas”.
