Guzmán respondió luego que al menos 11 organizaciones de sociedad civil denunciaran casos de torturas al interior de los centros penales, en perjuicio de los detenidos del régimen de excepción, donde también compareció la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) , quien denunció que 209 periodistas han sufrido algún tipo de agresión en su trabajo, y el 60 % de estas es responsabilidad del Estado.
“Rechazo de manera general y clara todas las afirmaciones que han hecho las diferentes personas que se han referido esta mañana al hecho que en El Salvador existen torturas, existen violaciones a la libertad de expresión, que existen seguimientos o algún tipo de acoso contra periodistas, esto no se ha evidenciado”, aseguró Guzmán durante la audiencia de la CIDH a la que fue citado en Estado salvadoreño.
Guzmán defendió que su comisión ha solicitado la información sobre denuncias de agresiones físicas, psicológicas y seguimientos contra periodistas, que haya recibido la Fiscalía General de la República y a la Procuraduría, “siempre ha sido que no hay una tan sola denuncia a la fecha”, afirmó Guzmán, de origen colombiano.
El 15 de enero de 2022, la APES interpuso dos avisos ante la Fiscalía salvadoreña para que investigara el espionaje y vulneraciones que sufrieron 35 periodistas en sus teléfonos, donde compartían contenido noticioso.
De igual forma, durante la participación de Sociedad Civil, la Apes denunció 17 exilios de periodistas debido a las reformas penales hechas por la Asamblea Legislativa que amenazas con cárcel a periodistas; Guzmán restó importancia afirmando que se tratan de “autoexilios”, y que -nuevamente- no existe una sola denuncia por persecuciones o acosos.
Previamente, el comisionado Pedro Vaca preguntó a la misión salvadoreña sobre la situación del periodista Víctor Barahona, quien recientemente denunció que permaneció 11 meses detenido por el régimen de excepción, acusado de agrupaciones ilícitas; Guzmán dijo que se enteró de este caso durante la audiencia y que pedirán las investigaciones que Fiscalía hizo de él.
Esta semana, el periodista comunitario Víctor Barahona denunció que permaneció detenido durante 11 meses detenido, y que aún no tiene una explicación de su apresamiento; sin embargo, al asegura que se debió a su labor como periodista, donde tenía un espacio de entrevistas que hacía denuncias contra el gobierno.