El Consejo Superior Universitario (CSU)de la Universidad de El Salvador (UES) demandó “dejar sin efecto el régimen de excepción” y aplicar la justicia con las herramientas ordinarias que proporcionan las leyes del país.

La misiva que tuvo 30 votos reconoce que el régimen de excepción es “un recurso jurídico extraordinario y temporal del Estado para enfrentar situaciones que ponen en peligro la estabilidad nacional”, pero afirma que esta “no debe comprometer el respeto irrestricto a los Derechos Humanos”. Además, considera que las condiciones que existían para implementarlo ya “pueden haber desaparecido”, y el mecanismo debe revisarse.

El CSU, uno de los tres máximos organismos universitarios, pidió respeto para el Estado de Derecho “garantizando el debido proceso, asegurando el respeto irrestricto de los derechos de cada persona detenida como corresponde”.

“La Universidad de El Salvador rechaza y condena los actos delictivos que grupos criminales realizan contra la población; no obstante, aboga por el derecho al debido proceso legal y el respeto de la integridad física y moral de las personas, a fin de evitar que más personas sean capturadas y juzgadas injustamente”.
Pronunciamiento del CSU de la UES.


La misiva reconoce la disminución de los homicidios, pero afirma que se “están cometiendo detenciones arbitrarias”. Asegura que las detenciones de dos estudiantes de Agronomía aún no se han aclarado.

Por ello, pidió a las autoridades que se reconozca a los estudiantes universitarios, se respete su libertad y su integridad, cuando estos presente el documento de identificación estudiantil.

Este mes, la Asamblea Legislativa aprobó por décima ocasión el régimen de excepción, vigente desde finales de marzo del año anterior. El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, ha dicho que pedirán la prórroga las veces que sea necesario, y los diputados de Nuevas Ideas respondieron que lo aprobarán todo el año, si así se los piden.

De igual forma pidió dejar en libertad a los exguerrilleros y líderes comunitarios de Santa Marta, Cabañas, detenidos el 11 de enero, y apuntan que se aplicó un procedimiento “arbitrario” en sus capturas. Además, exigieron la libertad de la sindicalista Ana Argentina Ramos de Joma, madre de tres estudiantes del Alma Máter, sin embargo, se conoció ayer que fue liberada junto a otro sindicalista en Soyapango.