La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ordenó este jueves al Estado salvadoreño investigar penalmente la desaparición de la defensora de derechos humanos Patricia Emilie Cuéllar Sandoval, su padre Mauricio Cuéllar Cuéllar, y Julia Orbelina Pérez, quien laboraba en la casa de la familia Cuéllar, ocurrido el 28 de julio de 1982.
“El Estado continuará eficazmente y con la mayor diligencia las investigaciones penales en curso a fin de esclarecer plenamente lo ocurrido e individualizar, juzgar y, en su caso, sancionar a todos los autores y partícipes de los hechos denunciados para los efectos penales correspondientes”, dice una de las disposiciones de la Corte IDH como medida de reparación.
Lo anterior, después que los jueces de la Corte IDH declararan responsable al Estado salvadoreño de la desaparición de las tres personas y que especialmente la de Patricia Cuéllar “constituyó una violación al derecho a defender derechos humanos”, por su labor en el Socorro Jurídico Cristiano, fundado por el padre jesuita Segundo Montes, donde fue perseguida.
"La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró la responsabilidad internacional del Estado de El Salvador por las desapariciones de Patricia Emilie Cuéllar Sandoval, Mauricio Cuéllar y Julia Orbelina Pérez".
Nancy Hernández López
Magistrada presidenta de la Corte IDH, en la notificación de la sentencia.
La sentencia escrita publicada ayer señala que el Estado salvadoreño es responsable de violentar al menos siete derechos contenidos en la Carta Interamericana de Derechos Humanos, de la que El Salvador es firmante, todos en contra de las tres víctimas de desaparición:
- El derecho al reconomiento a la personalidad jurídica (artículo 3)
- El derecho a que se respete la vida (artículo 4.1)
- Derecho a que se respete la integridad física, psíquica y moral (artículo 5.1)
- Derecho a no ser sometido a torturas ni a penas, ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con respeto debido a la dignidad inherente al ser humano (artículo 5.2)
- Derecho a la libertad personal (artículo 7)
- Derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. (Artículo 13.1)
- Derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, reliogiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquier otra índole. (artículo 16.1)
La Corte señala como víctimas de esta vulneración, además de los tres desaparecidos, a sus familiares Maite María Álvarez Cuéllar, Javier Ernesto Álvarez Cuéllar, Ana Gabriela Álvarez Cuéllar, Francisco Alfredo Álvarez Solís, María Consuelo Cuéllar Cuéllar, León Enrique Cuéllar Cuéllar, Mauricio Cuéllar Sandoval, Ana Gladis Pérez de Castro y Teresa Pérez de Ramos.
Reparación
En su sentencia, la Corte IDH dice que el Estado salvadoreño deberá cumplir una serie de medidas a manera de reparar el daño causado contra los familiares de los desaparecidos hace 41 años.La principal es la investigación penal de la desaparición que está en el expediente fiscal 45-GIDCAI-2017 del grupo especial de fiscales que investigan los casos de crímenes de guerra, de igual manera, se debe realizar “de forma rigurosa” la búsqueda de los tres desaparecidos.
También, la Corte IDH da un año al Estado para que modifique el Monumento a la memoria y la verdad en acuerdo con la familia para consginar los nombres completos de los desaparecidos y la fecha de los hechos. Mismo plazo otorga para que El Salvador dicte el reglamento de la Ley de Banco de Datos de ADN, lo anterior, luego que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendara que ésta es una medida relevante para beneficiar a las víctimas del conflicto armado.
Además, ordena un plan de capacitación y sensibilización a funcionarios públicos, fuerzas de seguridad y operadores de justicia para garantizar que las investigaciones y judicialización de casos penales sobre desaparición forzada de mujeres tenga perspectiva de género.
La Corte IDH también ordena a El Salvador a incluir en la currícula nacional en niveles medios y superior, un programa “permanente” sobre graves violaciones a Derechos Humanos, crímenes de guerra y delitos contra la humanidad cometidos por “ambos bandos antes y durante el conflicto armados” y sobre la normativa internacional de derechos humanos.
También ordena a El Salvador que garantice la permanencia y autonomía financiera de la Comisión Nacional de Búsqueda de Niñas y Niños y de CONABÚSQUEDA.
Añade que rdena que se publique la sentencia y un acto público donde el Estado reconozca la responsabilidad internacional de la desaparición de Patricia Cuéllar, su padre Mauricio Cuéllar y Julia Orbelina.
En un año, el 16 de mayo de 2025, el Estado salvadoreño deberá rendir cuentas ante la Corte sobre las medidas de reparación adoptadas.
¿Qué ganan con la sentencia?
La misma Corte indica que la sentencia es una forma de reparación a las víctimas dado el reconocimiento en su calidad de desaparecidos forzados, pero también, el representante de las víctimas ante la Corte IDH, Benjamín Cuéllar, externó que la sentencia se convierte en “una herramienta útil para presionar al sistema interno de justicia y sanciona los responsables”.De igual forma, Cuéllar cree que es una forma de motivar a las víctimas del conflicto armado, para que a través de “la organización, la indignación y la acción”, se conviertan en víctimas demandantes al Estado salvadoreño sobre los crímenes e injusticias cometidas.
Esta semana, la Asamblea Legislativa envió al archivo el anteproyecto de ley de Justicia Transicional, que buscaba dar una herramienta a las víctimas de crímenes de guerra en el país.
Patricia Emilie Cuéllar Sandoval, nación en Washington, Estados Unidos, en 1958, pero era hija de padres salvadoreños que en su niñez decidieron regresar a El Salvador y establecerse. Fue colaboradora de movimientos cristianos y secretaria del Socorro Jurídico Cristiano, fundado por el padre jesuita Segundo Montes, pero debido a que fue perseguida por su labor, dejó de laborar ahí en 1980.
Un día antes de su desaparición, ella había denunciado persecución de parte de hombres vestidos de civil. Las alertas sobre que algo le había pasado se encendieron cuando no esa tarde no pasó a recoger a sus hijos al kínder.
En la noche, su padre Mauricio Cuéllar, quien era gerente de la Asociación Salvadoreña de Industriales y su empleada, Julia Orbelina Pérez, fueron sacados con violencia de la casa en la colonia Escalón. Sus vecinos dijeron que unos 10 elementos del Ejército saquearon la casa en un pick up azul y un jeep verde.
