La organización Cristosal informó que hasta el domingo 17 de julio contabilizó 63 muertes de capturados durante el régimen de excepción, unas nueve muertes más que las reportadas hasta el 29 de junio cuando sumaban 54 fallecidos.

Ruth López, jefa Jurídica anticorrupción y justicia de Cristosal, indicó ayer que las muertes, en su mayoría, son ocasionadas por agresiones, así como a la falta de medicamentos.

“Se han podido documentar estas 63 muertes que están muy relacionadas a temas de faltas de medicamentos, es decir, las 63 muertes se han producido, uno por faltas de medicamentos, la mayoría por agresión, hemos podido documentar personas que la familia dice: ‘Mire mi hijo es epiléptico y tiene tanto tiempo sin tener su medicamento’, es importante que la personas conozcan la otra cara de este régimen”, afirmó López.

Añadió que la situación de las agresiones que terminan en muertes es una situación que no debería ocurrir, y tienen un agravante cuando el deceso es bajo la custodia del Estado.

López aseguró que lo menos que debe garantizar el Estado a las familias es una investigación sobre la causa y responsables del hecho al interior de las cárceles.

“Yo creo que el Gobierno... debería de hacer un proceso de investigación, es lo mínimo que debía hacer, sin embargo, la Fiscalía aquí es igual, ojos cerrados de no ver también las denuncias, al final esto repercute en la persecución del Gobierno autoritario”, dijo López.

Con las denuncias de muertes, advierte que El Salvador podría ser demandado, ya que caen en delitos de lesa humanidad.

Denuncias.

Cristosal también ha recibido unas 2,472 casos de vulneraciones a derechos humanos, de unas 2,579 personas.

López comparó las denuncias recibidas en los dos primeros meses de régimen, cuando registraron unas 763 denuncias, con lo que afirma las denuncias se han triplicado.

“Esto es una maquila de detenciones y acusaciones a las personas y muchas veces sin tener pruebas”, aseguró.

La Asamblea Legislativa salvadoreña aprobó el martes 19 de julio el quinto mes de un régimen de excepción que inició el pasado 27 de marzo a raíz de un alza de homicidios en El Salvador y que por ahora concluirá el 23 de agosto.