¿En qué casos de crímenes de guerra ustedes son parte?
Como Cristosal ejercemos la querella o la acusación particular en cuatro casos de crímenes de guerra y crímenes humanidad, la masacre de El Mozote y sitios aledaños, la masacre de El Calabozo, el caso de la masacre del cantón San Andrés, que es el asesinato de cinco personas con un escuadrón de la muerte en San Miguel, y la desaparición forzada de tres miembros de la familia Guzmán Orellana por la Policía Nacional, que este es un crimen que ocurrió en 1982, en San Salvador.
Nos parece un desbalance de la justicia, tenemos un orgáno judicial bastante sometidos al poder político de la Presidencia”.
David Morales
Jefe de Justicia Transicional, Cristosal
¿Qué evaluación hace de los procesos judiciales de estos crímenes de guerra?
Tenemos un contexto contínuo de pasividad y de retardación de la justicia tanto en investigaciones fiscales en los casos que están en sede fiscal como en los procesos judiciales, después de siete años desde que se dió la sentencia de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía, resulta claro que la Fiscalía no ha tenido capacidad, y sus titulares tampoco ha tenido voluntad de judicializar un número importante de casos, son muy pocos casos judicializados por la Fiscalía y cuando se trata de crímenes cometidos por la Fuerza Armada es evidente que omiten o no son diligentes en investigar la cadena de mando militar hasta el máximo nivel, esto lo hemos observado claramente en el caso de la desaparición forzada de tres miembros de la familia Guzmán; después de algunos años ya de esfuerzos, en la en la sede fiscal y pese a que el caso cuenta con un habeas corpus favorable por parte de la Sala de la Constitucional, en el caso concreto de la familia Guzmán, el caso no se judicializa ni vemos esfuerzos de la Fiscalía por investigar la cadena de mando hasta obtener prueba de cargo y de descargo sobre las responsabilidades de Reynaldo López Nuila.
Hay un caso excepcional, el caso de la masacre en San Andrés en San Miguel, es una ejecución extrajudicial de 5 personas, por un escuadrón de la muerte; este caso sí ha llegado a fase de vista pública. En este caso sí hemos tenido una Fiscalía más activa desde el inicio hasta la fase de vista pública, es muy importante una característica de este caso es que no se están procesando a miembros del Alto Mando de la Fuerza Armada sino a autores materiales que son miembros del escuadrón de la muerte, que cometió los crímenes.
Entonces esto pareciera indicar que cuando, los involucrados, los acusados, los imputados son altos jefes que tuvieron un enorme poder político y militar en tiempos de la represión política, esos casos no avanzan, y esa justamente es la experiencia que tenemos en los casos de la masacre de El Mozote y sitios aledaños y en El Calabozo.
Cuando están señalados estos comandantes como el exministro de Defensa, el exjefe de la Fuerza Aérea, el excomandante Rafael Bustillo; el exjefe de la Brigada de Artillería, Alberto Landaverde; y todos los oficiales, en el caso de El Mozote, todos los oficiales que aún viven y pertenecieron al batallón Atlacatl en aquel momento, pareciera que la justicia se estanca.
Me parece que el gobierno Bukele y el Estado Bukele en este tema, se caracteriza por la instrumentalización de la justicia transicional en función de su poderosa estrategia de propaganda”.
David Morales
Jefe de Justicia Transicional, Cristosal
A pesar de estar derogada la Ley de Amnistía, sigue existiendo este patrón de encubrimiento de parte del sistema, ¿a qué se debe?
Nosotros le llamamos patrones de impunidad, estos patrones son muy antiguos, se reprodujeron durante el conflicto armado y después, con la amnistía. Diversos patrones de impunidad como aplicar prescripción, no investigar, realizar diligencias intrascendentes, archivos ilegales son patrones de impunidad en el sistema judicial que hemos sufrido desde que terminó el conflicto armado y la sentencia de 2016 era el gran desafío, porque derribó todas las excusas y vemos claras las obligaciones de fiscales y jueces, pero romper esa conducta, ese patrón, esa inercia, de patrones de impunidad que lleva como nos ha pasado en El Calabozo, que no se resuelven las peticiones que los tribunales y los fiscales son muy dóciles, frente a los archivos militares y cuando se los niega la Fuerza Armada, este tipo de cosas se siguen reproduciendo, y los casos se van dilatando
Este aspecto del desbalance en el mismo sistema judicial ¿Por qué unos casos sí y otros no? porque el caso de la masacre de San Andrés si ha llegado a vista pública, porque si avanza el caso de la masacre de los jesuitas y por qué el resto no.
Durante los gobiernos de Arena, el negacionismo fue absoluto, se negaba la historia los hechos y se trataba deslegitimar a las víctimas, recordemos los ataques de Cancillería a doña Victoria Cruz, la madre de las Hermanitas Serrano, que fue tan desprestigiada por la Cancillería de aquel momento, luego vinieron los gobiernos del FMLN que cambiaron la postura negacionista, aceptaron la historia, reconocieron los hechos, la responsabilidad del Estado, iniciaron procesos exsiguos de reparación que no se ampliaron nunca y que quedaron en un nivel marginal, no fueron prioridad para estos gobiernos y la justicia fue un tema en el que no se comprometieron a colaborar y no colaboraron con investigaciones; me parece que el gobierno Bukele y el Estado Bukele en este tema se caracteriza por la instrumentalización de la justicia transicional en función de su poderosa estrategia de propaganda, con fines de obtener una imagen positiva que le genere réditos políticos electorales. Entonces mucha propaganda sobre El Mozote, obras inconsultas solo en El Mozote no en las 7 u 8 comunidades que ahora están abandonadas por el Gobierno, donde también están las víctimas de esa masacre, obras inconsultas que no han sido construidas en un proceso de diálogo con la comunidad y por lo tanto no van a representar, no van a ser una simbología de la memoria de la comunidad, sino una simbología del régimen; de hecho, han construido en El Mozote un mural con una línea de tiempo que parece un mural dedicado, el Estado se dedica a sí mismo con información falsa.
Por ejemplo, no mencionan a la Fuerza Armada como responsable del crimen y aduce que la reparaciones en el caso iniciaron en 2022, ya en el gobierno Bukele, lo cual es falso.