Hasta ayer unos 12 testigos de la defensa del caso “Saqueo Público” declararon ante el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador, en el segundo mes de desarrollo de la diligencia contra la exprimera dama de la República, Vanda Pignato, y nueve personasmás, acusados de lavado de dinero, peculado y evasión de impuestos, de unos $351 millones.

Ayer declararon tres empleados de la Compañía Salvadoreña de Seguridad (Cosase) quienes manifestaron que las facturas encontradas, correspondían a servicios de seguridad y mantenimiento de vehículos.

Así mismo, un exdirectivo del Banco Hipotecario explicó el mecanismo de las cuentas que se crearon en el banco a nombre de dos empleados de Casa Presidencial, donde se manejó el dinero público.

“Se estableció que las cuentas son patrimoniales, que estas cuentas abiertas en Casa Presidencial son cuentas patrimoniales, es decir, se dejó claro que, a parte de cuentas de ahorro y corrientes, hay cuentas abiertas por unas personas que solo son administradores de fondos, entonces estas cuentas son patrimoniales, el patrimonio como una ficción legal es como una persona, solo que está administrada por otra, a quién se le delega esta administración, como estas cuentas”, aseguró el abogado, Ricardo Martínez.

Durante la declaración del testigo, aseguró que las decisiones del banco se tomaban por acuerdo de una junta directiva, y no solo corresponden al presidente del banco, en referencia a Manuel Rivera Castro, expresidente del Banco Hipotecario.

“Es la Fiscalía la que no ha probado absolutamente ninguna de las imputaciones... esta imputación nos permite a nosotros afirmar que la Fiscalía ha sido completamente incapaz que mi cliente (Manuel Rivera Castro) haya cometido un delito en este caso”, aseguró Martínez.

Otros sobresueldos

El lunes pasado, la defensa inició la presentación de sus testigos, con ocho personas, exempleados de la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia, quienes habrían declarado que recibieron “complementos salariales”, y que estaban asignados desde años atrás antes de la llegada de Mauricio Funes a la presidencia.

Por esas declaraciones, la Fiscalía solicitó las certificaciones del testimonio al tribunal para iniciar investigaciones por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito contra seis de los ocho testigos.

La defensa también ha adelantado que pedirá certificaciones de declaraciones de peritos de la Fiscalía que llegaron a afirmar hechos que supuestamente no son ciertas, y que, a su juicio, caen en el delito de falso testimonio.

El juicio “Saqueo Público”, donde es procesada, la exprimera dama, Vanda Pignato y nueve más, lleva más de dos meses en desarrollo, y según los abogados en el proceso, el juicio concluiría antes de finalizar octubre.