También denunciaron al director general de Centros Penales, Osiris Luna, por el mismo delito, pero además dos jueces sin rostro, fiscales y directores de centros penales por los delitos de incumplimiento de deberes, negación de auxilio y actos arbitrarios.
La directora del Socorro Jurídico Humanitario (SJH) dijo que los denunciados son:
- Ernesto Castro Aldana, presidente de la Asamblea Legislativa;
- Suecy Beverly Callejas Estrada,
- Katherine Alexia Rivas González,
- Elisa Marcela Rosales Ramírez,
- Reynaldo Antonio Cardoza,
- Reinaldo Alcides Carballo,
- Rodrigo Javier Ayala Claros,
- Guillermo Antonio Gallegos Navarrete,
- Numan Pompilio Salgado García,
- José Serafín Orantes Rodríguez,
Todos ellos denunciados por los delitos de tortura, desapariciones forzadas, tratos crueles e inhumanos en centros penales y falta de auxilio a las víctimas.
"Todos ellos, diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa que han firmado las prórrogas del régimen de excepción por delitos de lesa humanidad, a la luz de lo que dijo la Organización de las Naciones Unidas la semana pasada, donde establece que El Salvador está violando pactos, convenios y tratados internacionales del sistema universal", explicó Escobar este lunes en la presentación de la denuncia ante la Fiscalía General de la República.
La directora del SJH explicó que su denuncia se basa en la petición que hizo la semana pasada seis relatores especiales de la Organización de las Naciones Unidas para la promoción y la protección de los derechos humanos y as libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales.
El pasado 8 de julio los relatores emitieron comentarios sobre la aprobación de los decretos legislativos 803 y 804 que establecen reformas para procesar a los reos del régimen de excepción, pero también le recuerda al Estado salvadoreño que las medidas excepcionales no pueden permanecer de forma permanente.
"La naturaleza, fundamentalmente excepcional de este régimen debe ser considerada por los Estados al declararlo y, en su caso, cada vez que se considere su renovación o prolongación. Esta consideración es esencial debido a la suspensión de las garantías constitucionales, las libertades fundamentales y los derechos humanos que autoriza la declaración del estado de excepción", indica la carta de los relatores.
La abogada Ingrid Escobar planteó que la denuncia es para activar el sistema de justicia salvadoreño, pero sino hay respuesta, buscarán instancias internacionales.