El gremio explicó en un comunicado que la periodista y su equipo, del periódico local La Prensa Gráfica (LPG), "fueron retenidos por más de dos horas, se les obligó a borrar fotografías y videos que habían tomado en el lugar e intentaron decomisar sus cámaras y otras herramientas de trabajo".
La periodista junto a la APES denunciaron lo sucedido a la Fiscalía, como una violación a la libertad de expresión, y en octubre de 2024 el equipo legal de la asociación fue citado junto a la periodista a una reunión "donde la fiscal del caso les notificó el archivo del mismo".
"La fiscal argumentó su decisión señalando que la víctima se encontraba en una zona de acceso restringido, donde la toma de fotografías y videos está prohibida", apuntó la APES.
La asociación señaló que, hasta el momento, "se desconoce la existencia de las diligencias que se han realizado en la investigación, puesto que la fiscal encargada del caso no mostró los resultados de la misma y tampoco permitió ver el expediente como parte de los derechos que poseen las víctimas".
La APES agregó que, en diciembre de 2024, la periodista "presentó una denuncia ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y, a la fecha, tampoco se han conocido los resultados de las investigaciones".
En El Salvador existe una "problemática sistemática" en términos de garantías para el ejercicio periodístico y el Estado "ha montado" una "máquina de propaganda y desinformación", alertó recientemente en una entrevista con EFE el director de la Oficina de Reporteros Sin Fronteras (RSF) para América Latina, Artur Romeu.