Miembros del Sindicatos de Empleadas y Empleados de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador (Seprodehes) presentaron este martes dos denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra la procuradora Raquel Caballero de Guevara.

El secretario general del sindicato, Guillermo Huezo, explicó que la primera denuncia es por abandono de responsabilidades, porque la institución se negó a recibir una denuncia que pretendían interponer contra la procuradora por la supresión de plazas en la entidad.

Los sindicalistas se presentaron el 10 de febrero para presentar una denuncia contra Caballero de Guevara, pero Huezo aseguró que solo les tomaron datos generales de sus Documentos Únicos de Identidad (duis), pero no les aceptaron las denuncias, porque según el reglamento de aplicación de mecanismos de protección les "inhibe tomar denuncias contra personal de la PDDH".

La segunda denuncia es por retención de cuotas laborales, pues en enero se descontaron las cuotas, pero no se depositaron en la cuenta de banco del sindicato. Huezo expuso que con ese financiamiento pagan a los abogados que defienden a los empleados y sindicalistas despedidos en diciembre.

"La segunda denuncia es porque como sindicato nos están reteniendo las cuotas sindicales, lo cual, es grave para nosotros porque de las cuotas sindicales estamos pagando a los abogados que están defendiendo la causa justa de casi 100 personas despedidas".
Guillermo Huezo,
Secretario general de Seprodehes.


Huezo aseguró que teme que la retención de cuotas sindicales sea "para que no podamos seguir defendiéndonos", por ello, piden a la Fiscalía que "actúe apegado a derecho, apegado a la Constitución y a las leyes". Las cuotas sindicales no se depositaron durante enero 2025.

El sindicalistas también revelaron que la procuradora Caballero tiene más de 10 meses de no reunirse con el sindicato y tampoco ha delegado tal responsabilidad a "ningún funcionario", pese a que según la cláusula tres del contrato colectivo se debe reunir con los trabajadores cada mes.

Además, Huezo también reveló que presentarán una petición a la Cámara de lo Contencioso para solicitar que los empleados despedidos sean reinstalados al menos "temporalmente" mientras "la causa sigue" y reiteró su petición de "acceso a la justicia".

Entre los más de 100 empleados despedidos de la PDDH se cuenta a siete líderes sindicales. Las plazas de los empleados fueron suprimidas a partir del 1 de enero de este año según la nota de notificación que recibieron los entonces colaboradores de la institución.