Angélica Rivas, de la Colectiva Feminista, explicó ayer que el primer caso ocurrió el 23 de octubre de 2019 en una mujer originaria de San Francisco Gotera, pero que el caso se judicializó en San Miguel; y el segundo caso ocurrió en una mujer de Perquín, Morazán, el 24 de marzo de 2022.
Luego, ya con la vigencia de los lineamientos del secreto profesional, el 4 de diciembre de 2022 fue denunciada una mujer, tras una emergencia obstétrica en Sensuntepeque, Cabañas, y otra más el 27 de mayo de 2023, en Ahuachapán.
Rivas explicó que la sentencia del caso de Manuela buscara que ninguna mujer que sufriera una emergencia obstétrica fuera capturada, bajo cargos de homicidio agravado del recién nacido, y encima, sin recibir atención en salud.
Las organizaciones afirmaron que no se están cumpliendo las medidas de no repetición en el país y que el origen es que los profesionales de la salud no han guardado el secreto profesional. “Seguimos viendo casos donde las personas que denuncian son peritas o testigas de la Fiscalía en la parte condenatoria, es personal de salud”, añadió Rivas.