La Policía Nacional Civil (PNC) reportó la captura de Wendy Guadalupe Salazar Hernández por ser la principal sospechosa del asesinato de su pareja, un hombre que fue atacado en San Antonio del Monte, en Sonsonate, el pasado 29 de junio y murió en el hospital de Santa Ana.

Según el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, Salazar Hernández, tiene antecedentes por delitos de agresión sexual, amenazas y lesiones entre los años 2010 y 2018.

“Pero bajo ese Estado fallido donde la justicia no existía sus delitos quedaron en la impunidad y cada vez que era procesada, la dejaron en libertad porque el sistema perverso fue incapaz de hacer cumplir la ley”, escribió Villatoro en su red social de X.

El pasado 3 de julio, la Policía Nacional Civil reportó dos homicidios, además del hombre que murió en el ataque de San Antonio del Monte, también ocurrió otro en San Pablo Tacachico, departamento de La Libertad.

La PNC informó que se trató de un hombre que fue asesinado en el cantón Obraje Nuevo del referido distrito y tenía 43 años de edad. Fue asesinado con arma blanca.

Ambos hechos se convirtieron en los primeros homicidios en ser reportados durante el mes de julio, el pasado 1 de julio en la madrugada, el presidente Nayib Bukele, manifestó que junio cerró como “el mes más seguro de la historia”. Ese mes, la corporación reportó cinco asesinatos, tres fueron mujeres y dos hombres.

Posterior a ello, Bukele sostuvo que prevén cerrar el año con una tasa de 1.8 homicidios por cada 100,000 habitantes, y esta sería la más baja de todo el hemisferio occidental.

Hasta el momento, la Policía Nacional Civil ha reportado 57 asesinatos en todo el año; el mes "más violento" ha sido mayo, que cerró con 14 muertes violentas.

A pesar de ello, la Fiscalía General de la República solo ha oficializado 28 homicidios en el primer trimestre del año, cuando la policía reportó 37.

En mayo pasado cerró la primera gestión de Bukele, la cual, terminó con un recuento de 4,335 asesinatos en cinco años; a pesar del número esto supone una reducción del 93.3 % en comparación a la gestión de Salvador Sánchez Cerén, su antecesor.