La Cámara Primera de lo Penal de la Primera Sección del Centro de San Salvador decretó este sábado en audiencia inicial la instrucción formal bajo detención provisional para el diputado desaforado Alberto Armando Romero Rodríguez, quien es procesado por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero de más de $1.1 millones, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

El diputado seguirá en detención por cuatro meses más, periodo de investigación solicitado por la FGR, donde buscará presentar las pruebas en contra del diputado.

“Han considerado que existen elementos suficientes para acreditar la existencia de ambos delitos y la participación del imputado en estos, dictando entonces una instrucción formal con la detención provisional del imputado ordenando un plazo de instrucción de cuatro meses”, aseguró el fiscal del caso.

Según la acusación fiscal se ha establecido que el diputado incrementó su patrimonio y realizó blanqueo de capitales por medio de una restructuración de fondos.

“Se han analizado diferentes productos financieros del señor Romero Rodríguez y de su grupo familiar, pudiendo concluir y confirmar que efectivamente existe un incremento patrimonial y que, posteriormente, por medio de una reestructuración de fondos ha blanqueado capital”, afirmó el fiscal durante la presentación del requerimiento.

Durante la solicitud de desafuero ante la Asamblea Legislativa, el pasado 23 de agosto, la Fiscalía dijo que Alberto Romero se habría enriquecido y lavado la cantidad de $1,162,388.05, partiendo de depósitos no justificados detectados en sus cuentas bancarias, además de movimientos financieros de su esposa y su hija.

De acuerdo a la Fiscalía, Romero movilizó, hasta el año 2022, un total de $401,835 con origen desconocido y abonó en cuentas bancarias un total de $901,993.81, cuando recibió en concepto de remuneraciones al menos $500,158.81.

Los movimientos financieros habrían sido entre el 1 de mayo de 2009 y 31 de diciembre de 2022.

Alberto Romero fue arrestado el pasado 23 de agosto, supuestamente por el delito de resistencia agresiva, y estuvo retenido en la Asamblea Legislativa mientras el pleno desarrolló el proceso de desafuero; sin embargo, se desconoce si en la acusación se le ratificó este delito. El fuero constitucional fue retirado hasta el 1 de septiembre con 78 votos a favor.