Sindicatos de maestros de El Salvador informaron ayer a Diario El Mundo que las Departamentales de Educación exigieron a los directores de los centros escolares la lista de asistencia del 26 de enero, fecha en la que se realizó la marcha de docentes, para reclamar el incumplimiento de la revisión al aumento salarial, según la Ley de la Carrera Docente.

“No hemos tenido ninguna respuesta satisfactoria para recibirnos o darle seguimiento al tema, la respuesta que se ha tenido es una serie de amenazas a los maestros que participaron solicitándoles registro de asistencia a los directores de todos los profesores”, declaró el secretario general de la Asociación Nacional de Educadores Salvadoreños, Andes 21 de Junio, Israel Montano.

De acuerdo con Montano, desde el pasado viernes los directores departamentales enviaron mensajes a los directores de las escuelas solicitando fotografía del libro de asistencia antes de la 1:00 de la tarde, con el fin de identificar a los posibles maestros que participaron en la marcha.

“Algunos directores lo han enviado, pero algunos no y a los que no lo han enviado les están diciendo que son cómplices”, expuso el sindicalista.

Ante dicha situación, el líder de la gremial explicó que han intentado comunicarse con los respectivos directores departamentales, entre ellos a Ronald Monterrosa, de San Salvador con el propósito de detener el proceso sancionatorio para los maestros y dialogar sobre lo sucedido.

“Todos los sindicatos les estamos hablando a los directores departamentales porque son ellos lo que están haciendo eso, estamos haciendo una serie de llamadas a los directores departamentales para que se detenga ese proceso. Hasta el momento no hemos tenido respuesta, esperamos que en el lapso del día”, indicó Montano.

Los maestros aseguran que necesitan tener mayores y mejores ingresos. / Emerson del Cid
Los maestros aseguran que necesitan tener mayores y mejores ingresos. / Emerson del Cid

Audiencia.

El vocero de Andes 21 de Junio manifestó que buscan una audiencia con el ministro interino de Educación, Mauricio Pineda, para tratar dicha situación, que resaltaron como un derecho a la libre expresión, así como el de hacer valer el cumplimiento de los derechos de los educadores.

“Tenemos derecho de participar en una actividad como esa y les quieren aplicar el descuento a los profesores; nosotros nos vamos a tener que reunir y tomar algunas acciones ya diferentes como irnos sin avisar a que reciban en una dirección departamental”, sostuvo el sindical.

Por su parte, el secretario de organización de Bases Magisteriales, David Rodríguez, detalló que dicha solicitud de asistencia no ha sido aplicada en todos los departamentos. “Hemos sondeado en varios departamentos y no han girado instrucción”.

Además, Rodríguez agregó que la comisionada presidencial, Carolina Recinos, se reunió el pasado miércoles 24 de enero con las gremiales, donde aseguró que “había libertad de que nosotros hiciéramos las acciones que quisiéramos, que no iban a perseguir a nadie”.

Una docente de un centro escolar al sur de San Salvador, Milagro López, dijo que la situación de validar la inasistencia de los maestros a la instituciones del 26 de enero es “una cacería de brujas”, ya que manifestó que las autoridades de Educación solicitaron explicar los permisos de varios docentes.

“Aunque tuvieran un permiso personal, tenían que explicar el permiso personal a que habían ido y se supone que para eso no se debe dar explicaciones”, expuso López. Además, señaló que han amenazado a los directores que de no enviar foto de las asistencias, el descuento salarial sería aplicado a ellos, según López.

La marcha

El pasado viernes, centenares de docentes aglutinados en diferentes organizaciones de educadores del país marcharon sobre las calles de San Salvador con el objetivo de exigir a la cartera de Estado la revisión del aumento salarial de más de 43,000 maestros de todo el país.

Según los líderes sindicales y docentes, la revisión salarial de los educadores del país debe realizarse cada tres años, y por ende, un aumento en el salario; sin embargo, aseguraron que desde hace cuatro años la revisión no se ejecuta.

Además, manifestaron que de no obtener una respuesta por parte del Gobierno, “nos van a tener en las calles”, acción que, según ellos, podría traer un paro de labores en las escuelas”.