Gabriela Santos, directora del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (Idhuca), destacó que el 2.6 % de la población adulta del país se encuentra tras las rejas, una cifra que calificó como alarmante.
“Prácticamente, están encarcelados los hombres jóvenes”, indicó la investigadora, al analizar el impacto de las actuales políticas de seguridad del gobierno.
“El hecho de que esta sea la política pública por excelencia en materia de seguridad deja mucho que desear”, agregó Santos, al referirse a los efectos del régimen de excepción instaurado para combatir a las pandillas desde marzo de 2022.
Según el informe del Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH), en diciembre de 2020 la capacidad oficial del sistema penitenciario salvadoreño era de 30,864 personas, pero incluso antes del régimen de excepción ya existía una sobrepoblación del 119 %, con 36,663 internos.
Con más de 85,000 personas detenidas durante el régimen de excepción —presuntos pandilleros y colaboradores—, la situación se ha agravado a niveles críticos.
Este jueves 27 de marzo, El Salvador cumplirá tres años consecutivos bajo régimen de excepción, una medida que ha sido prorrogada 36 veces por periodos de 30 días. Bajo esta normativa se han suspendido garantías constitucionales como el derecho a la defensa y la inviolabilidad de las telecomunicaciones.
El régimen fue aprobado tras el asesinato de más de 80 personas en un solo fin de semana, a finales de marzo de 2022, en un repunte de violencia atribuido a las pandillas. Aunque el gobierno ha logrado reducir drásticamente los homicidios a niveles inéditos en décadas, diversas organizaciones internacionales han denunciado violaciones a los derechos humanos, incluidas detenciones arbitrarias, torturas y muertes bajo custodia.