Un total de 332 prisioneros salvadoreños han muerto en las cárceles entre el 1 de enero de 2018 y el 15 de febrero de 2021, revela una investigación denominada “Derechos humanos de las personas privadas de libertad) de la Fundación Salvadoreña para la Aplicación del Derecho (Fespad).
De los tres años que abarcan las estadísticas, el 2018, con 130 fallecidos, figura como el año de más decesos en el sistema penitenciario nacional.
Los penales que más muertes tuvieron en ese periodo fueron los de Ciudad Barrios en San Miguel, Apanteos e Izalco Fase III, La Esperanza (Mariona), Izalco Fase I.
Esos cinco penales sumaron las muertes de 163 personas que equivalen al 49.09 % del total general.
“Ciudad Barrios no solo ocupa el primer lugar, sino que está muy por encima de los demás centros penales, ya que con 47 fallecimientos, por sí sólo capta el 14.16 % de todas las muertes carcelarias”, reza el informe de Fespad.
Causas.
El 87 % de las muertes fue por causa de alguna enfermedad, diez de las muertes fueron por covid-19 registradas en personas que no mostraron padecimientos previos, entre enero de 2020 y el 15 de febrero de 2021.“En muchos de los casos la causa identificada es compleja, integrada por varias patologías y complicaciones concomitantes o derivadas’’, indica el estudio.
La estadística hace hincapié en otros tipos de muertes dentro del sistema penitenciario en el mismo período de análisis como las no causadas por enfermedades, entre ellas cinco muertes súbitas, dos suicidios y 28 homicidios.
Los homicidios.
En cuanto a los 28 homicidios, siete ocurrieron en 2018, otros 16 en 2019 y tres entre 2020 y el 15 de febrero de 2021.El informe también revelan que en el año 2019 hubo más homicidios en el sistema penitenciario salvadoreño -con una población de 38,115 reos en ese entonces,- lo que equivale a una tasa de 42 por cada 100,000 habitantes, “superior a la tasa del país” que en ese año fue de 35.8 por cada 100,000 habitantes.
En contraste con un año anterior, con una población carcelaria de 39,415, los siete homicidios que ocurrieron, representaron una tasa de 18 asesinatos por cada 100,000, inferior a la tasa del país que fue de 50.4.
A juicio de Fespad, los hechos de violencia que terminaron con la vida de 18 prisioneros, si bien es lamentable porque son vidas que se pierden, muestra una reducción de los asesinatos en prisiones en comparación con lo que sucedió en el pasado “grandes masacres, enfrentamientos masivos entre agrupaciones rivales o motines con resultados de decenas de reos fallecidos, ocurridos a fines de la década de los 90 y 2009.
Sin embargo, el informe de Fespad, estima como un dato ensombrecedor, el registro de muertes sin causa determinada o con “autopsia pendiente” que en total son 61 casos, de los cuales 24 fueron en 2018, igual cantidad en 2019, y 13 entre enero de 2020 y el 15 de febrero de 2021.
“Ya que dentro de esas cantidades desconocidas podría existir algunos homicidios o muertes violentas con esos indicios”, indica el informe.
“No establecer la causa de muerte de un reo constituye una violación al deber que tiene el Estado de realizar las invetigaciones necesarias para determinar el motivo del fallecimiento de un ciudadano bajo su custodia, máxime si se trata de una muerte violenta o con indicios de móviles criminales y poner a disposición de la justicia a los responsables”, cuestiona Fespad.
Esa omisión estatal también se convierte en una violación al derecho a la protección estatal y el acceso a la justicia de las familias o deudos de las personas que murieron.
”Mientras no se esclarezcan y se rinda cuentas especialmente a las familias o individuos relacionados con los fallecidos puede presumirse una violación del Estado, por acción o por omisión, del derecho a la vida de esas personales fenecidas”, sostiene el informe.
Los datos reflejados son los últimos que estuvieron disponibles en el sitio de la Dirección General de Centros Penales.
