De acuerdo a las investigaciones de la FGR, el imputado era policía y entre julio y septiembre de 2022, se valió de su cargo para intimidar a dos víctimas a quienes les exigió el pago de dinero mensual a cambio de no crearles perfiles falsos para llevárselos detenidos.
“El imputado amenazaba a las víctimas con crearles perfiles delincuenciales para detenerlos en flagrancia por el delito de agrupaciones ilícitas y para no proceder de esta manera les exigía o que abandonaran su lugar de residencia o que le hicieran entrega de dinero para no concretar su amenaza”, detalló el fiscal del caso.
De igual forma, señalaron que Amaya Zelaya también les quitó los teléfonos para "verificar la información que tenían", pero ya no se los devolvió. Posteriormente les limitó el acceso a donde vivían y las víctimas abandonaron sus residencias.
Los delitos fueron cometidos en el distrito de Huizúcar, La Libertad Este, durante los meses de junio y septiembre del año 2022. Según indicaron, los hechos de la primera víctima ocurrieron el 15 y 17 julio y el segundo caso a finales de septiembre de dicho año.
La Fiscalía aseguró que cuenta con suficientes elementos de prueba documental, pericial y testimonial para corroborar los delitos que se le atribuyen, por lo que la FGR solicita que el referido Tribunal imponga una sentencia condenatoria en materia penal y civil.