A criterio del abogado defensor de los seis, se trata de una “migaja de justicia”, y afirmó que seguirán en el objetivo de tener la exoneración total de la acusación.
“Vamos como a cuenta gotas, es una migaja de justicia si se quiere ver así, no puedo decir que hay que celebrar ya el sobreseimiento definitivo que es el que debería de proceder, agotada la instrucción, la fase intermedia del proceso penal, pero al menos hoy si podemos decir que no se van a encontrar hacinados en centros penitenciarios salvadoreños”, afirmó el abogado Dennis Muñoz.
Los procesados fueron detenidos hace casi nueve meses, el 11 de enero pasado por el asesinato de María Inés Alvarenga Leiva, ocurrido en agosto de 1989, en Cabañas.
Los detenidos entonces fueron identificados como Fidel Recinos Alas, Saúl Agustín Rivas Ortega, Teodoro Antonio Pacheco, Miguel Ángel Gámez, Pedro Antonio Rivas Laínez y Alejandro Laínez García, quienes desde ayer están cumpliendo la orden de arresto domiciliario.
Desde su captura, la comunidad de Santa Marta no ha parado de denunciar irregularidades como la falta de comunicación de los detenidos con su abogado defensor, y la falta de atención médica, pese a que los detenidos son adultos mayores y con padecimientos crónicos.
La comunidad ha señalado que las acusaciones y detenciones nacen de intentar frenar cualquier rechazo al proyecto de minería, estos argumentos, incluso fueron llevados a la Relatoría Especial de Derechos Humanos, al Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria y a la Relatoría Especial sobre la cuestión de las obligaciones de Derechos Humanos relacionados con el disfrute del medio ambiente sin riesgos, todas de la Organización de las Naciones Unidas.
“Seguimos sosteniendo que la lucha por la liberación total de nuestros compañeros, sigue siendo una lucha por liberar a nuestros territorios de cualquier amenaza extractivista minera, en eso han coincidido muchas organizaciones a nivel nacional e internacional”, sostuvo ayer la líder comunitaria Vidalina Morales.
Mientras estuvieron detenidos, el Estado solo permitió la comunicación con el abogado hasta el pasado marzo. Actualmente el caso está en fase de instrucción, y el Juzgado de Primera Instancia de Sensuntepeque, Cabañas, amplió la referida etapa por seis meses, hasta febrero del año 2024.