Él es un expolicía que en 2016 tuvo que huir de las pandillas en Ciudad Delgado, porque fue testigo de un homicidio; desde entonces su familia ha vivido un calvario de persecución, de parte de las estructuras criminales, el desprecio del Estado al no reconocerlos como víctimas de desplazamiento forzado, y situaciones irregulares de las mismas organizaciones no gubernamentales.
Luego de la pandemia del covid-19 y de haber reiniciado su vida, una vez más fueron víctimas de las pandillas. Volvieron a perderlo todo y otra vez el Estado no hizo nada.
En mayo de 2021, un sujeto que se identificó como pandillero de la MS-13 le dijo a Alexander que tenían que irse de su casa, en Quezaltepeque, sino serían asesinados. Alexander le respondió que ni él ni su familia se metía con ellos, por qué los molestaban. El pandillero le dijo que de lo contrario tenía que entregarle $300 y sino ya sabía a qué situación se enfrentaría. Sin dinero en los bolsillos, Alexander llamó a la Policía Nacional Civil para que los escoltaran a salir del lugar y dejaron todas sus pertenencias en su humilde vivienda.
Desde entonces, emprendieron nuevamente el camino de las denuncias. Este relato consta en el acta de denuncia LLN-1227-2021, tomada por el agente Nestor Méndez Santos, ONI 27594 el 31 de mayo.
Al caso le asignaron un fiscal que nunca les dio una solución. En medio de ese proceso se enteraron que su casa fue saqueada, y que la Policía no hizo nada para impedirlo. Denunciaron a los agentes ante la Inspectoría, pero tampoco recibieron respuesta.
Agotados de esa situación presentaron un escrito ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), donde piden a la titular Raquel Caballero de Guevara se pronuncie por su situación, que ellos han documentado desde 2017.
“Vengo a solicitarle una resolución de mi caso SS-569-2017, que desde esa fecha está en su poder.
Engrosamos el número de familias desplazadas forzadas, en muchas ocasiones acudimos a sus oficinas en busca de apoyo y por no contar con nada, pero hubo situaciones que los mismos empleados de la institución, que ahora usted dirige, fueron testigos de la forma discriminativa y racista en que trataron a mi familia”, dice el relato de Alexander a la procuradora Caballero de Guevara.
Y añade: “Lo que buscamos como familia es lo que quieren todos los desplazados: justicia, subsanar los daños”, luego de citar la sentencia de la Sala de lo Constitucional que reconoció el fenómeno del desplazamiento forzado por violencia, en El Salvador.
El expolicía rememora en su escrito que su historia no solo es de conocimiento de la PDDH, también de la Dirección Nacional de Atención a Víctimas, de donde tuvo que huir al intentar separar a su familia en 2019; antes también acudieron al Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana, y al mismo Cáritas, donde sus hijas fueron vulneradas. Un examen psicológico de aquel entonces al que Diario El Mundo tuvo acceso señaló que padecían ansiedad, y síntomas de angustia.
Alexander y su familia resienten que en una ocasión un personero de la PDDH les respondió que para “hacer respetar los derechos hay que tener dinero y pagar abogado, y como los veo venir aquí a ustedes, no lo tienen; les recomiendo que dejen esto así y mejor se retiren”, citan en su escrito.
Tres años de letra muerta
En enero reciente, se cumplieron tres años desde que la Asamblea Legislativa aprobó una ley para proteger a los desplazados por violencia, pero hasta la fecha no existe ni reglamento ni asignación presupuestaria.El último informe en conjunto de Cristosal, el Servicio Social Pasionista y el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (Idhuca) registró que entre 2020 y 2022 hubo 2,237 casos de desplazamiento forzado, pero esta cifra se vuelve un subregistro y que en realidad, la cifra oficial es mucho mayor.