La Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, organizaciones feministas de El Salvador y de Centroamérica saludaron la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) de condenar al Estado salvadoreño por violaciones a derechos humanos en perjuicio de la joven Beatriz.

"Quiero decirles que estamos muy satisfechas en cuanto a la justicia que se ha hecho para Beatriz. La Corte ha reconocido las violaciones... establece claramente que la no atención, el procedimiento no adecuado al embarazo de alto riesgo que vivía Beatriz provocó sufrimientos para ella, para Delmy, su familia. La Corte ha hecho justica para Beatriz y su familia, estableciendo la responsabilidad internacional del Estado", manifestó Morena Herrera, presienta de la Agrupación Ciudadana, en una conferencia de prensa la tarde de este viernes.

Herrera resaltó la importancia de la decisión de la Corte IDH que estableció que la no atención en salud en embarazos de alto riesgo configura violencia obstétrica, como ocurrió en el caso de Beatriz.

Por su parte, Fernanda Díaz de Ipas Latinoamerica resaltó que la Corte reconoció que hubo inseguridad jurídica que hizo que el personal de salud en El Salvador no accionara en la atención médica hacia Beatriz, y eso agravó su situación.

La tarde de este viernes, la Corte IDH notificó la sentencia del caso Beatriz versus El Salvador, donde los jueces hallaron responsable al Estado salvadoreño de violentar los derechos a la integridad, a la vida privada, a la salud, y el derecho al acceso a la justicia.

La Corte dictaminó que El Salvador debe establecer "medidas normativas necesarias para brindar directrices y guías de actuación al personal médico y judicial frente a situaciones de embarazos que pongan en riesgo la vida y la salud de la mujer".

Añade que esta medida puede ser cumplida adecuando protocolos existentes, la emisión de uno nuevo u otra medida que garantice la seguridad jurídica en situaciones similares.

Por otro lado, ordenó que el Estado salvadoreño elabore "un plan de capacitación dirigido al personal de salud de los hospitales que tengan secciones de atención a la maternidad, a las personas operadoras de justicia y personal estatal con competencia en la materia que permita divulgar estas medidas".

También ordena indemnizar a las víctimas por daños materiales e inmateriales, además del reintegro de costas y gastos.

Desde hace 10 años, organizaciones feministas llevaron el caso de Beatriz a la Sistema Interamericano de Derechos Humanos, luego que el Estado salvadoreño negara la interrupción del embarazo de la joven, de 22 años, que tenía un padecimiento de Lupus Eritematoso Sistémico (LES).

Beatriz era originaria de Jiquilisco, Usulután y era madre de un niño; al enterarse de su embarazo y la inviabilidad pidió la suspensión de la gestación.

Tras un proceso legal y después de 81 días, la Sala de lo Constitucional resolvió que los médicos debían decidir y Beatriz fue sometida a un procedimiento de histerectomía. Pasó cinco días en cuidados intensivos y el feto que se formó sin cerebro, murió al nacer como los médicos previeron.

Beatriz murió en 2017, tras un accidente de tránsito fue ingresada en el hospital y se contagió de neumonía, que no pudo superar.