La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad) presentó, este martes, ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia la segunda demanda de amparo sobre el caso de una persona desaparecida, esta vez se trata sobre un joven cuyo paradero se desconoce desde hace nueve años.

De acuerdo a la demanda presentada por Fespad las autoridades de turno en 2013 cometieron “omisión” y negaron justicia a la familia de Miguel Ángel Martínez Mata al no ordenar “una investigación exhaustiva y concluyente por parte de la Fiscalía General de la República, que permita establecer quién o quiénes son los responsables de la desaparición de Miguel”.

La organización señala que según testigos “las últimas personas que habrían tenido contacto con Miguel habrían sido elementos policiales”, y desde entonces la denuncia de interpuesta por la madre del joven de entonces 22 años no ha tenido ningún avance en la Fiscalía.

“La FGR, a la fecha, no ha realizado ninguna diligencia que permita esclarecer el hecho y, obviamente, la familia de Miguel no tiene conocimiento sobre qué le pasó”, cuestiona Fespad.

“Ni cuando la madre de Miguel interpuso la denuncia, ni en las ocasiones que se ha apersonado a la FGR, se le ha ofrecido algún tipo de apoyo especializado de atención para ella y su familia, toda la respuesta del Estado ha sido la de indicar que no hay avances”.

Fespad espera, en este caso, una sentencia favorable de la Sala de lo Constitucional que ordene a las actuales autoridades de la Fiscalía “llevar a cabo las diligencias necesarias para esclarecer el caso y acceder a la justicia”.

Al igual que otras familia que buscan a parientes desaparecidos, señala la organización, “la familia de Miguel ha sido abandonada en todo sentido en la búsqueda de su hijo, en el establecimiento de la verdad de lo que le ocurrió́ y en la atención de todos los impactos que el hecho ha tenido en su persona
y grupo familiar”.

La desaparición de Miguel ocurrió el año 2013 cuando ejercía como presidente de la República, Mauricio Funes; el cargo de Ministro de Justicia y Seguridad Pública era ocupado por José́ Ricardo Perdomo Aguilar, el director de la Policía Nacional Civil era Rigoberto Pleitéz y el fiscal general de la República era Luis Martínez.

Felpad pide a la Sala de lo Constitucional “estudiar esta demanda a la brevedad posible y con ello, contribuir a superar ese pasado oscuro en que se ignoraba a las víctimas de graves violaciones a derechos humanos”.