“La FGR le negó al equipo de la Clínica de Primeros Auxilios Jurídicos de la APES toda información del caso, a pesar de que se presentó un poder de representación para los periodistas Mónica Rodríguez y Steve Magaña”, indicó la APES este sábado a través de redes sociales.
La miembro de la junta directiva de la APES, Suchit Chávez, explicó en conferencia de prensa que se realizaron las diligencias necesarias para informar a Mónica Rodríguez sobre su situación, pero la información fue negada.
Chávez hizo énfasis en que no hay “ninguna justificación” sobre el procedimiento de las autoridades. “En el momento del allanamiento pudieron decir que era una diligencia, en ese momento reservada, pero al hacer uso de los canales jurídicos no se le dio información tampoco”, añadió la directiva.
El presidente de la APES, Sergio Arauz, recordó que los periodistas no están exentos de cumplir con la ley ni que se exija a los mismos someterse a procesos judiciales, pero que es “preocupante” la forma en cómo llegaron a la vivienda e incautaron sus discos duros, computadoras y demás equipo de trabajo.
La APES recordó que los hechos ocurrieron el 4 de diciembre, durante la noche, cuando se desarrolló un allanamiento en el inmueble del que Rodríguez era inquilina, en el distrito de Zaragoza, municipio de La Libertad Este.
Rodríguez ha sido miembro de la junta directiva de la APES con anterioridad y es coordinadora de Radio Bálsamo.
“Se les tuvo aislados, se les mostró una supuesta notificación de la resolución que permitía el allanamiento, en los términos que nos han expresado ellos, una notificación que medio se les hizo de lado, pudieron observar unos detalles, otros no los pudieron observar”, rememoró el abogado de la Clínica de Primeros Auxilios Jurídicos de la APES, Oswaldo Feusier.
La APES destaca que la Policía Nacional Civil (PNC) no da mayores detalles sobre las razones del allanamiento y la incautación del equipo, y le preocupa que se tenga acceso a las fuentes o información que la periodista maneja.
Feusier destacó que lo ocurrido esta semana genera un “precedente nefasto” para el gremio periodístico salvadoreño porque en la supuesta investigación de hechos delictivos se podrá incautar cámaras o computadoras, independientemente de la identidad de las fuentes o información que se maneje.
Normativas que respaldan la libertad de prensa
El abogado de la APES destacó tres normativas que respaldan el ejercicio periodístico en El Salvador.Feusier indicó que el artículo ocho de la declaración de principios sobre la libertad de expresión del Sistema Interamericano de Derechos Humanos aclara que toda actividad relacionada con la actividad periodística tiene derecho a ser reservada, incluyendo apuntes, archivos personales y profesionales y fuentes.
El artículo seis de la Constitución de la República también aclara que no se puede “secuestrar documentos”, relacionados a la libertad de expresión, como instrumentos de delitos, añadió el asesor jurídico.
La APES indica que también el Pacto de San José señala que no se puede obstruir el derecho a la expresión “por vías o medios indirectos tales como controles oficiales”.
“Nosotros desde la clínica, encarecidamente sostener que se trata de un allanamiento con vicios de ilegalidad, incluso un supuesto que fuera prohibida por violar la constitución de la República”, indicó Feusier.
Arauz recordó que este no es el único caso por el que se han pronunciado en los últimos días, por lo que el caso de Rodríguez no debe verse como un “hecho aislado”.
El presidente de la APES recordó que un periodista está siendo presionado por la FGR para que revele la identidad de sus fuentes.
Entre enero y septiembre de 2024, la APES contabilizó al menos 380 agresiones y vulneraciones a periodistas.