La Fiscalía General de la República presentó este martes una solicitud de apelación a la decisión emitida por el Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque, en Cabañas, quien resolvió absolver a los ocho procesados del caso Santa Marta, acusados de cometer un homicidio durante el conflicto armado.

Dicha apelación tiene como propósito anular el fallo que dejó en libertad a las seis de ocho personas implicadas en el caso y con ello que se instale un nuevo juicio en contra de los involucrados.

Ante ello, la Asociación para el Desarrollo Económico y Social (ADES) de Santa Marta manifestó su absoluto rechazo al nuevo proceso que el ente fiscal abrió y agregó que este miércoles brindarán un comunicado.

“Nosotros tenemos una posición de rechazo total porque la decisión de las juezas fue apegada a derecho y la Fiscalía a pesar de no tener argumentos apela, suponemos que con el objetivo de seguir alargando el proceso”, declaró Alfredo Leiva, miembro de ADES Santa Marta a Diario El Mundo.

Leiva señaló que hay un plazo de cinco días para responder a la apelación impuesta por la Fiscalía, por lo que en esta semana se estaría presentando ante el juzgado una respuesta para que sea considerada en el momento de la liberación.

El pasado 18 de octubre, las juezas del Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque, declararon que el caso estaba prescrito y que el caso no procedía la acción penal.

La Fiscalía acusó a ocho personas, Fidel Dolores Recinos Alas, Saúl Agustín Rivas Ortega, Teodoro Antonio Pacheco, Miguel Ángel Gámez, Pedro Antonio Rivas Laínez, Alejandro Laínez García, José Eduardo Sancho Castañeda y Arturo Serrano Ascencio, procesados por el homicidio de María Inés Alvarenga, un hecho supuestamente ocurrido el 22 de agosto de 1989.

La Comunidad de Santa Marta dijo desde el principio que la acusación tiene un trasfondo que busca reactivar la minería metálica en El Salvador, debido a que entre los acusados hay cinco líderes ambientales del cantón Santa Marta, Victoria, Cabañas, quienes encabezaron la lucha antiminera en el país.

En ese sentido, hicieron el llamado a “mantener la prohibición de la minería metálica a fin de salvaguardar el medio ambiente, la salud y la vida de las actuales y futuras generaciones”.