“Actualmente la unidad investiga 255 casos ocurridos en el conflicto armado, de los cuales, 28 han sido judicializados bajo la legislación penal de 1984 y el resto se encuentra en investigación”, reveló el comisionado para los derechos humanos y libertad de expresión en El Salvador, el colombiano Andrés Guzmán, el miércoles en la audiencia que la Corte IDH celebró en Costa Rica, por el caso de la desaparición forzada de Patricia Cuéllar Sandoval, Mauricio Cuéllar, y de Julia Orbelina Pérez, en 1982.
Guzmán remarcó tres casos judicializados ocurridos en la guerra civil salvadoreña (1980-1992), el primer mencionado fue la masacre de cuatro periodistas holandeses, asesinados en una emboscada en una zona rural de Dulce Nombre de María, Chalatenango, el 17 de marzo de 1982.
También aseguró que es procesado al expresidente de la República, Alfredo Cristiani, en el caso de la masacre de los seis sacerdotes jesuitas y dos colaboradoras, ocurrido la madrugada del 16 de noviembre de 1989, en el campus de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA).
El comisionado hizo alusión al proceso judicial de la masacre de San Andrés, ocurrida en San Miguel, en 1981 y donde fueron acusados cuatro hombres, que supuestamente conformaban un Escuadrón de la Muerte.
En el año 2016, tras la derogatoria de la Ley de Amnistía General, la Fiscalía creó una unidad para investigar los crímenes de guerra, y reabrir aquellos que quedaron en espera en 1993. En junio de 2018, el entonces fiscal general de la República, Douglas Meléndez, dijo a la Sala de lo Constitucional que investigaban 160 casos; recientemente, en enero de 2022, el actual fiscal general, Rodolfo Delgado, también reveló que tenían 213 casos abiertos.
De todos los casos penales que abrió la Fiscalía, solo uno ha llegado a su fin, se trata del secuestro del empresario Armando Durán, cuyo resultado final fue un proceso de justicia transicional, donde el acusado aceptó haber cometido el secuestro y pidió perdón a la víctima, después de 35 años.
Al momento, uno de los casos que estaba más avanzado penalmente era el juicio por la masacre de El Mozote, sin embargo, tras el cambio de juez que ordenó la Asamblea Legislativa, el caso se estancó.
Caso Cuéllar.
Ante la misma Corte IDH y en representación del Estado salvadoreño, el jefe de la unidad fiscal de crímenes de guerra, Mario Chacón, aseguró que la investigación es dirigida por el Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador, pero que ellos promueven diligencias que hasta la fecha suman cerca de 30.Chacón afirmó que han solicitado información al Ministerio de la Defensa Nacional como los nombres de los ministros de la época, y los dirigentes de las extintas Policía de Hacienda, Policía Nacional y Guardia Nacional, cuerpos estatales de quienes se presume cometieron la desaparición forzada, según los familiares. Añadieron que pidieron información sobre quiénes de esas instituciones extintas investigaron la desaparición de la defensora de derechos humanos, Patricia Cuéllar.
El fiscal también dijo que pidieron a organizaciones como el Instituto de Derechos Humanos de la UCA, el Arzobispado, y el Museo Nacional, la documentación sobre el caso que ellos tenían en su poder.
Y además, dijo que pidieron al juzgado que pidiera a la Organización de Naciones Unidas (ONU) “facilitar copias de los anexos del Informe de la Comisión de la Verdad, dado que aparece el caso de Patricia, para que el FBI remita la investigación”.
Patricia Emilie Cuéllar Sandoval, nació en Washington, Estados Unidos, en 1958, pero era hija de padres salvadoreños que en su niñez decidieron regresar a El Salvador y establecerse. Fue colaboradora de movimientos cristianos y secretaria del Socorro Jurídico Cristiano, fundado por el padre jesuita Segundo Montes, pero debido a que fue perseguida por su labor, dejó de laborar ahí en 1980.
Según las denuncias de sus familiares, sufrió persecución por la Policía Nacional, quienes la tildaron de “comunista” por su labor en defensa de los derechos humanos, situación que causó al menos dos operativos en su contra, previo al día de su desaparición.
El 28 de julio de 1982, Patricia Cuéllar fue a dejar a sus hijos a la guardería, pero luego desapareció, presuntamente tras una captura de la Policía Nacional. Esa noche, también desaparecieron su padre, Mauricio Cuéllar, y doña Julia Orbelina Pérez, quien laboraba en casa de éste.
Tres casos
De crímenes de guerra fueron destacados por el Estado salvadoreño ante la Corte IDH esta semana.1.- Masacre periodistas holandeses.
El 17 de marzo de 1982, cuatro periodistas fueron asesinados por el Batallón Atonal de la FAES en Santa Rita, Chalatenango.
2.- Masacre UCA.
El 16 de noviembre de 1989 siete sacerdotes jesuitas y dos colaboradoras fue-ron asesinados en la UCA, por el Batallón de Infantería.
3.- Masacre San Andrés.
Cinco personas fueron asesinadas en el cantón San Andrés de San Mi-guel, presuntamente por un Escuadrón de la Muerte, el 7 de abril de 1981.