El Foro Ecuménico de las Iglesias de El Salvador demandó este viernes la liberación de cinco acusados de la Asociación para el Desarrollo Económico y Social de Santa Marta (ADES), quienes son procesados por el homicidio de una mujer en el conflicto armado.

El reverendo de la Iglesia Bautista Enmanuel, Miguel Tomás Castro, señaló que como congregaciones su papel es acompañar en una situación que señalan como una persecución y una criminalización contra el activismo pacifico.

"Es una circunstancia como esta donde se está criminalizando la labor tan noble y patriótica de cuidar la creación de nuestro país", expresó el reverendo Castro.

El grupo de clérigos reiteraron que los líderes comunitarios llevan más de 20 meses privados de libertad, sin ninguna desestimación por parte de tribunales ante la débil probatoria de Fiscalía General de la República (FGR).

La vista pública está programada para el próximo 8, 9 y 10 de octubre en el Juzgado de Sentencia de Sensuntepeque, donde esperan se dé la absolución del caso.

"Exhortamos al Estado salvadoreño a respetar la vigencia de la ley respecto a la prohibición de la minería metálica, a fin de cuidar y proteger los bienes naturales del país y garantizar una vida plena", manifestó el obispo de la iglesia episcopal Anglicana de El Salvador, David Alvarado. Después de estar detenidos en prisión, el juzgado les cambió las medidas y están bajo arresto domiciliar.

¿Por qué los procesan?

La Fiscalía los acusó del asesinato de la señora María Inés Alvarenga, el 22 de agosto de 1989, quien habría sido sacada de su casa y torturada por aproximadamente 15 días, luego asesinada en un campamento guerrillero.

El caso inició el pasado 11 de enero de 2023, cuando la comunidad de Santa Marta denunció la detención de cinco de sus líderes. Ese día, la Fiscalía General de la República ordenó detener a seis personas Miguel Ángel Gámez, Alejandro Laínez García y Pedro Antonio Rivas Laínez, Teodoro Antonio Pacheco, y Saúl Agustín Rivas Ortega. También Fidel Recinos Alas, conocido como el comandante Raúl Hércules, de la Resistencia Nacional, organización que conformó la guerrilla salvadoreña, aglutinada en el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional.

Cinco días más tarde, la Fiscalía acusó a ocho personas en ese caso, incluyendo al firmante de los Acuerdos de Paz, Eduardo Sancho y Arturo Serrano Ascencio, quien reside en Estados Unidos.