”Sobre las cuentas que fueron aperturadas, sobre el manejo y uso que se les dio a estas cuentas, que no fue de manera discrecional, sino a requerimiento del secretario privado de la presidencia de aquel momento”, afirmó Roberto Claros, abogado defensor de Fransisco Arteaga, Jorge Alberto Castellanos, Rigoberto Palacios Panameño y Pablo Gómez,
La Fiscalía los acusa de peculado y lavado de dinero, ya que fue en ocho cuentas bancarias, siete a nombre de Arteaga y una de Pablo Gómez, de donde se sustrajo los $351 millones, y que fue a partir de cobros en cheques en efectivo dónde los habrían blanqueado. Claros cuestionó esa acusación y afirmó que Pablo Gómez, si retiraba los fondos, pero que eran puestos a disponibilidad de Cáceres Saldaña, el secretario privado de Funes.
“Que al sacar el dinero se trataba de perder el rastro, el rastro ya venía, y no se niega que el señor Pablo Gómez iba al banco y trasladaba el dinero hacia el secretario privado de la presidencia, no hay donde perderlo, qué es lo que se hacía después el encargado de administrar esos fondos, eso haya que preguntárselo a él”, sostuvo Claros.
El abogado aseguró que todos los años la Corte de Cuentas audita los fondos de los gastos reservados, y en esos informes, se reiteran que esos fondos son administrados por la Secretaria Privada de la Presidencia.
“Es una cuenta que está para uso y discreción del presidente de la República de turno, no de la Unidad Financiera Institucional, ni de don Francisco, ni de don Jorge, ni de don Pablo, ni de don Herrera”.
“No hay forma de poder acreditar”, agregó Claros, al mismo tiempo que asegura que la Fiscalía ni siquiera ha probado que hubo un incremento patrimonial de los acusados. Así mismo, alego que los empleados a ser parte de la Unidad Financiera no tenian dentro de sus funciones ser fizcalizadores.
Claros explicó que según la Fiscalía, sobre el uso de los fondos no hay documentación de en qué rubro o en qué se utilizó el dinero, pero afirmó que no existían porque fue el secretario privado de Mauricio Funes quien “los sustrajo y se los llevó”. También aseguró que la información apareció cuando fue el mismo secretario de Funes quien los entregó a la Fiscalía, esto como parte de sus acuerdos para criteriarse.
Es de mencionar, que la defensa en la etapa incidental ha pedido a los jueces que se excluya de la prueba, el testimonio de Francisco Cáceres Saldaña.
De igual forma, los defensores del empresario Miguel Antonio Menéndez Avelar, conocido como “Mecafé” , explicaron que buscaran desvirtuar la acusación por el delito de lavado de dinero de más de $3.1 millones, afirman que la Fiscalía ha “criminalizado” la amistad que existia entre el empresario y el expresidente Mauricio Funes.
“Quedará demostrado, que los pagos que hace Casa Presidencial fue por servicios que prestó...llegó a Cosase “, afirmó Gustavo Huezo, defensor.