Debido a la abundante prueba pericial recopilada por la Fiscalía General de la República en el caso conocido como masacre de Chalchuapa, el Juzgado Especializado de Sentencia para un Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres, en Santa Ana, decidió que el juicio durará dos semanas, a partir de ayer.

“La señora jueza ha señalado dos semanas para el desarrollo de esta audiencia de vista pública, ya que por la complejidad del caso llevamos ocho víctimas de feminicidios y cinco víctimas de homicidio”, sostuvo la fiscal del caso en un video compartido en la cuenta oficial de la Fiscalía, en Twitter.

La fiscal explicó que hay suficiente prueba pericial, documental y testimonial en el caso, para exponerla durante el juicio.

Explicó que de los nueve procesados, todos están en calidad de autores directos a excepción de dos mujeres, que tienen calidad cómplices necesarios para la ejecución del delito de homicidio agravado.

El pasado 23 de enero, el Juzgado Especializado de Instrucción para una Vida Libre de Violencia contra la Mujer de Santa Ana envió a juicio a 10 personas ligados a este caso, por nueve feminicidios agravados.

Los imputados que en ese entonces pasaron a juicio son Lorena Patricia Miranda Vásquez, Ingrid Elizabeth Ramos Morán, Cindy Gabriela Godoy, Juan Francisco Sarceño, Nelson Roberto Olivares Perdomo, Henry Anibal Olivares Perdomo, Juan Alberto Góchez Escobar, Ernesto Enrique Ramírez Álvarez, y José Ernesto Sigüenza Martínez; además, Raúl Lisandro Quiñonez Melgar, quien fue declarado rebelde y para quien se giró una orden de captura en su contra.

Una fuente fiscal explicó que no se incluyó al imputado declarado rebelde, en el juicio, porque la jueza no aplicó la reforma al Código Procesal Penal que enjuicia a los reos ausentes.

El caso conocido como masacre de Chalchuapa inició el pasado 8 de mayo de 2021, cuando en la casa 11 A del callejón Estévez, de la colonia Las Flores, Chalchuapa, Santa Ana, fueron halladas dos mujeres asesinadas, Mirna y Jackeline, quienes eran madre e hija. Cuando la Policía Nacional Civil llegó por la escena del doble feminicidio, encontraron el cuerpo de un hombre en una fosa clandestina, en la referida vivienda, donde residía el expolicía, Hugo Ernesto Osorio Chávez.

El expolicía Hugo Osorio guarda arresto en el penal de máxima seguridad de Zacatecoluca.
El expolicía Hugo Osorio guarda arresto en el penal de máxima seguridad de Zacatecoluca.



Osorio Chávez fue catalogado por las autoridades de seguridad como un psicópata y meses más tarde fue condenado a 70 años de cárcel por los feminicidios de Mirna y Jackeline; luego, Osorio fue condenado por otro caso, donde un juez le impuso 18 años por violación de una menor, una condena de 8 años de prisión en total. De este caso se desconoce quién fue la víctima y dónde ocurrió, dado que la Fiscalía solo compartió la condena en sus redes sociales.

Al inicio de este caso, la Fiscalía reveló que Osorio Chávez tenía calidad de testigo en este proceso penal, y fue él quien relató cómo asesinaron a cada una de las víctimas y las enterraron en la vivienda donde él vivía. El testimonio del expolicía fue publicado por Revista Factum, sin embargo, una jueza ordenó eliminar la nota por supuestamente trasgredir la reserva del caso.

Agresión sexual.

La Fiscalía también explicó que en la investigación hecha, establecieron que la base del caso contra las ocho mujeres asesinadas, es la violencia de género. La fiscal explicó que el caso se trataba de “un grupo de hombres que se dedicaban a agredir sexualmente a sus víctimas, y quitarles la vida para no dejar evidencia o no poder ser denunciados posteriormente”.

Sin embargo, la fiscal descartó que se tratara de una estructura organizada, sino más bien, un grupo de hombres que “les gustaba compartir experiencias de contenido sexual, por lo tanto, tenían esa complicidad hegemónica masculina de prestarse sus casas para realizar las actividades de violencia sexual, y bajo este contexto, desechar los cuerpos bajo esa misma complicidad”.

Penas máximas.

La fiscal del caso expuso también que en el juicio pedirán al Juzgado que imponga las penas máximas por los delitos de feminicidio agravado y homicidio agravado, ambos delitos tienen una pena de 50 años.

En enero pasado, la Fiscalía también abrió un proceso de extinción de dominio contra la vivienda donde fueron encontrados los restos de las víctimas. En ese momento, la fiscal del caso reconoció que la vivienda no pertenece al expolicía Hugo Osorio, sino a otra persona, pero él era quien vivía al momento de cometerse los hechos.