De acuerdo con fuentes judiciales, la audiencia tenía como objetivo revisar pruebas de tipo electrónica.
A la audiencia solo llegaron las partes acreditadas al proceso, siendo los fiscales y abogados defensores.
En el caso son procesados siete personas, entre ellas, el exministro de Justicia y Seguridad, Benito Lara; el exministro de Gobernación, Arístides Valencia; el exalcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt; el columnista Paolo Lüers, y el oficial de la Polícia Nacional Civil, Wilson Alvarado Alemán. En el caso también eran procesados los ahora difuntos, el exalcalde de Ilopango, Salvador Ruano y Raúl Mijango, quienes fungían supuestamente como mediadores.
La acusación fiscal establece que a todos se les imputa el delito de agrupaciones ilícitas y fraude electoral.
Según la Fiscalía, durante la tregua en el período del expresidente Mauricio Funes propició que los políticos se percataran del "poder para inclinar la balanza electoral” que tenían las pandillas.
En el caso de Benito Lara y Arístides Valencia, con el apoyo de Wilson Alvarado y Raúl Mijango, se acercaron a las estructuras criminales para ofrecerles, presuntamente, $100,000 a cambio de que pandilleros votaran por la fórmula presidencial del FMLN: Salvador Sánchez Cerén y Óscar Ortiz.
Mientras que por Arena, supuestamente se entregaron $100,000 antes de la segunda vuelta electoral a través de Paolo Lüers, según la FGR.
Quien era juez Especializado de Sentencia “A” de San Salvador, Godofredo Salazar, ordenó un 12 de diciembre de 2019 a la Fiscalía General de la República (FGR) procesar a cuatro políticos que aparecen en vídeos reunidos con cabecillas de la Mara Salvatrucha.
El vídeo fue uno de los divulgados por el juez, al momento de emitir el fallo sobre el caso conocido como "Operación Cuscatlán".
Una condena
Por este caso, la Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador condenó el pasado 16 de abril a una pena de 13 años y cuatro meses al diputado del Parlamento Centroamericano, Norman Quijano, por encontrarlo culpable de pactar con pandilleros en la campaña presidencial del año 2014, al prometer favores a cambio de votos.Quijano fue condenado por los mismos hechos, con la diferencia que al ser actual funcionario público se procesó en una Cámara de lo Penal, tras un desafuero político.