El juicio civil en contra de la exdiputada fue programado para el próximo 16 de noviembre de este año.
Según la demanda de la Fiscalía General de la República, a Lorena Peña se le cuestiona seis irregularidades mientras estuvo en el cargo de diputada propietaria entre los periodos 2012-2015 y 2015-2018, y pide que sea condenada a restituir $140,521.60.
Mientras a su hija, Ana Virginia Guardado Peña se le cuestiona ocho irregularidades por un monto de $136,960.94. Los fiscales piden que ambas sean inhabilitadas para ejercer cargos públicos.