Al menos 245 organizaciones, nacionales e internacionales, pidieron este viernes al fiscal General de la República, Rodolfo Delgado, que retire o anule la acusación contra seis exguerrilleros procesados en el caso Santa Marta, por un asesinado, cometido supuestamente en el marco del conflicto armado salvadoreño, en 1989.

"245 organizaciones de 31 países piden al Fiscal General retirar la acusación en contra de los líderes comunitarios de Santa Marta y la Asociación de Desarrollo Económico Social (ADES)...conocidos como defensores del agua", comentó un hijo de uno de los acusados.

Aseguró que la acusación tiene motivación política, ya que buscan "criminalizar la lucha ambiental y desmovilizar la lucha comunitaria, que por años ha promovido la sustentabilidad ambiental y la defensa del agua frente al extractivismo".

Aseguran que detrás de las acusaciones hay una "señal" del Gobierno en intentar reanudar operaciones de minería metálica en El Salvador.
"Ya llevamos 13 meses de lucha por la liberación de nuestros compañeros, y que no ha sido absoluta la libertad, estamos acá reiterando la petición de que sean liberados nuestros compañeros, que se le quiten esos cargos que se les acusa desde la Fiscalía y que sean puestos en libertad total".
Vidalina Morales, presidente de ADES Santa Marta.

El escrito destaca que la Fiscalía en todo el proceso penal no ha sido capaz de presentar pruebas solidas para sostener la acusación por el presunto delito de asesinato.

Explican que las seis personas acusadas son beneficiarios de la Ley de Reconciliación Nacional de 1992, y que los crímenes por los cuales los están acusando están prescritos.

Los procesados por las que las organizaciones piden retirar las acusación son:
  • Miguel Ángel Gámez,
  • Alejandro Laínez García,
  • Pedro Antonio Rivas Laínez,
  • Antonio Pacheco,
  • Saúl Agustín Rivas Ortega,
  • Fidel Recinos Alas, todos acusados por el homicidio de María Inés Alvarenga, quien presuntamente fue torturada y apresada en de agosto de 1989.

Cinco de los seis acusados se mantienen en arresto domiciliario, luego de permanecer nueve meses en detención provisional, desde el 11 de enero del 2023 que fueron capturados por la Policía Nacional Civil luego que la Fiscalía General de la República girara una orden de captura.

La defensa de los procesados hizo en septiembre del 2023 la solicitud de extinción de la acción penal ante el Juzgado de Primera Instancia de Sensuntepeque, en el departamento de Cabañas, que lleva el caso, pero hasta la fecha sigue el proceso. La defensa está a la espera del señalamiento de la audiencia preliminar, donde se decidirá si son absueltos o enviados a juicio.