Las cifras representan un aumento del 25.9 % comparadas con el periodo del 2020 a 2021, cuando las demandas sumaron 22,975.
La institución detalló que recibió unas 21,179 demandas a través de todas las oficinas auxiliares de la Procuraduría, destacando la de San Salvador con el 17 % de las solicitudes, es decir, unas 3,662, seguido de Soyapango con 2,269 demandas.
Así mismo, informó que se recibieron unas 1,763 demandas judiciales, es decir, a través de personal de la defensoría pública de la familia a nivel nacional. Totalizando las más de 28 mil demandas.
Desde junio del 2021 a mayo del 2022, la PGR recibió unos $26,840,784.59 en concepto de pago de cuotas alimenticias.
“La mayor concentración de depósitos y pagos de cuotas se ubican en San Salvador
con el 72.6%, seguido por La Libertad con el 5.1 % y en tercer lugar Santa Ana con el 3.59 %”, dice el informe de la PGR.
El monto recaudado de los demandados, supone una disminución del 0.08 % con lo recibido por la procuraduría en junio de 2020 a mayo de 2021, con la cifra de $26,863,957.77.
De la cantidad de dinero recaudado por la PGR por los demandantes entregó la cantidad de $26,910,692.72, cabe destacar, que la cantidad de dinero supera al monto recaudado.
“Respecto a la población de niñez y adolescencia beneficiada con las cuotas alimenticias, el total asciende a 33,954 favorecidas”, dice el informe de la PGR.
“En El Salvador hay una cultura instalada por sistemas...que la responsabilidad o sea la masculinidad puede vivirse desde el abandono”. Silvia Juárez, Ormusa.
“Una Cultura”.
Para la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la paz (ORMUSA) el demandar a los padres de familia constituye violencia económica, al incumplir con su obligación de manutención.“El pago de cuotas alimenticias de sus hijas, se interpreta como violencia económica contra las mujeres, ya que evidentemente, el denunciado está incumpliendo con la obligación paterna de proveer y además, sobrecarga a las mujeres, como únicas responsables del cuidado y protección familiar”, señaló Ormusa.
Silvia Juárez , de Ormusa, señaló que la cantidad de demandas se traduce en un cultura instalada en el país, que indica que un hombre puede incumplir con las obligaciones de manutención y de vivir la masculinidad desde el abandono, sin un reproche social.
Así mismo, aseguró que aunque parezcan altas las cifras, puede haber una gran cantidad de familias que estén pasando por la misma situación, pero que no demandan. En ese sentido, atribuyó los aumentos a factores como la pandemia de covid-19 que más personas interpusieron las demandas, al haber un cierre de la economía, más personas se quedarán sin ingresos y recurrieron a los padres de sus hijos para continuar con la manutención.
“Masculinidades que se van construyendo alrededor que se puede abandonar, que no hay forma de responsabilizar, y que no hay modo que la sociedad reproche este tema, y esto se traduce también en la explicación de una masculinidad y sexualidad también que se vive de una manera irresponsable y que se carga finalmente en los hombros de las mujeres”, afirmó Juárez.
Añadió que es necesario una reforma, ya que advierten que en materia penal hay una minimización de hechos que son relacionados a familia.
“Si el abandono de un niño o el maltrato...que se considera una forma de violencia, el no responder a las necesidades básicas de un niño, y el maltrato podría castigarse de una forma si la comete cualquier particular, pero resulta que si la comete el padre a través de una negación de este derecho, es decir, que ser familia pone en desventaja”, aseguró Juárez.