Mauricio González es una de las personas que conoce el proceso judicial de la masacre de El Mozote desde su origen, desde la década de 1990, cuando, junto a María Julia Hernández, trajeron a expertos para iniciar con las exhumaciones. Más de 30 años han transcurrido y, aunque hubo un avance en el proceso, reconoce que hoy se encuentra estancado.

González es uno de los abogados acusadores en el proceso penal que se conoce en el Juzgado de Segunda Instancia de San Francisco Gotera y estas son sus consideraciones en el 42 aniversario de la masacre.

¿Cómo está el proceso de la masacre de El Mozote en la fase penal, cuál es el panorama?
El proceso sobre la masacre de El Mozote se encuentra en la etapa de instrucción, de acuerdo con el Código Procesal Penal de 1973 que se aplica. A pesar que ya se hicieron muchas diligencias de investigación, se tiene prueba que fue el Ejército quien participó en la masacre, hay hasta dos soldados del Batallón Atlacatl, que declararon que sí se hizo esa masacre, y que ellos participaron, por orden de jefes militares. Hay prueba suficiente para llevar a la etapa contraria del proceso; sin embargo, la jueza no ha querido pasar a la otra etapa.

Son pocas las diligencias que se han hecho y son diligencias que no vienen a encontrar más evidencia del caso, sino que vienen a redundar. Por ejemplo, a nosotros se nos solicitó que le enviaremos las actas de entrega de restos de las exhumaciones, en algunas, teníamos copia porque todo eso ya se había entregado en el proceso.

Tuvimos que enviarle toda esa información, pero pienso que no era necesaria en el proceso, porque ya estaba anexa.

¿Qué implica llegar al aniversario 42 de la masacre de El Mozote sin justicia?
Con el afán de decir que se va a hacer justicia, se cambian los jueces, jueces que no debieron ser removidos, pero es una posición de quienes están en el poder; nosotros como organizaciones de derechos humanos y otras presentamos, en su momento, incluso una ley de justicia transicional para facilitar eso, pero nunca se hizo, lejos de eso la ley que fue aprobada por la anterior Asamblea, fue vetada por el Presidente actual y, al vetarse, no se ha seguido el procedimiento de esa ley de justicia transicional, que la Sala de lo Constitucional tiene que pronunciarse sobre esa ley que fue aprobada.

¿Por qué cree que el juzgado no avanza en este juicio en este caso?
Son situaciones que creemos que se está protegiendo siempre a las Fuerzas Armadas, siempre se les ha dado un papel de dominio sobre la población y entonces se protege a muchas de las personas, muchos militares que hoy tienen rangos altos, participaron en esas masacres que estuvieron en todo el país y muchos deben de estar involucrados.

¿Puede haber dolo de parte de la jueza o de alguien superior a ella para que ese caso se estanque?
No sé si llamar dolo, pero todo el sistema de justicia actual, los órganos están a disposición del Ejecutivo, eso se siente. Lo que el Ejecutivo dice es lo que se aprueba en el órgano Judicial y Legislativo.

Ustedes que han acompañado a las víctimas, en este caminar ¿podrían decir que existen reparaciones o un acercamiento a las reparaciones a las víctimas por parte del Estado?
Son 12 recomendaciones que dio la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de esas no se ha cumplido ni tan siquiera una completamente, porque incluso el perdón, no fue un perdón tan claro que se hizo; sin embargo, pues la gente lo acepta, pero de ahí, por ejemplo las indemnizaciones no se han podido dar, la de los monumentos que tenían que haberse hecho, el desarrollo del lugar, la de la misma justicia que es la recomendación principal. El 85% de recomendaciones los lleva al tema de justicia, que es el principal que no se ha hecho y de ahí, documental, enseñar derechos humanos, hacer taller de derechos humanos a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, para que vayan conociendo qué son y los respeten, por eso es que nosotros pedimos ¿cuál es el impacto de esos talleres? si realmente aprendieron o están haciendo otra cosa en la práctica.

Sin embargo, el gobierno tiene un discurso propagandista de decir que están cumpliendo las sentencia de la Corte Interamericana haciendo obras en el caserío...
Pueden hacer muchas obras, pero si no son consultadas con las víctimas y las partes, sus representantes, eso no tiene nada que ver con las recomendaciones que dio la Corte, porque lo que está haciendo no es escuchando a las víctimas, es escuchando a miembros de su partido, que son de la Adesco de lugar, pero no a las víctimas; la víctimas conforman el Comité de Víctimas de El Mozote y a ese es el que tiene que oír.

¿Ustedes han podido enlistar cuáles son esas obras en inconsultas que se han hecho?
La planta de tratamiento de aguas residuales, con la expropiación ni se consultó. Uno de los propietarios se dio cuenta hasta que llegó al registro de la propiedad a asentar su aceptación de herencia... el representante del apoderado al que habían nombrado fue a inscribir su aceptación de herencia y allá le comunicaron que ya estaba a nombre del Estado (la propiedad). Cuando llegó y se dio cuenta fue a reclamar al juzgado, y le dijeron: aquí está el cheque.

La otra situación es la construcción de una plaza, que para construirla destruyeron la concha que habían hecho las mismas víctimas, con algún apoyo de las organizaciones, para hacer sus actos conmemorativos, hoy es una plancha de cemento con luces bonitas.

Hoy no tiene un escenario donde hacer sus conmemoraciones con actos artísticos, no hay y eso le dolió mucho a las víctimas, logré escucharlas porque fue esfuerzo de las víctimas en verdad. Tal vez para el gobierno era algo feo, pero era el esfuerzo de las víctimas.

Y de ahí no les han consultado sobre el polideportivo que van a hacer ahí, cuando se necesita, por ejemplo, que el hospital tenga personal adecuado y suficiente para atender a los enfermos, psicólogos suficientes para atender a toda esa población que está traumada desde la guerra y que aún sigue traumada con las capturas de los régimen de excepción.

¿Qué mensaje envía usted a las víctimas a 42 años de la matanza?
A las víctimas, mi solidaridad, de nuestra organización, de Tutela, y de muchas organizaciones que han visto la impunidad galopante y crónica que existe en nuestro país y la solidaridad a que se mantengan con ese fin de buscar la justicia, la verdad que se ha negado.

¿Y al Estado, cuál es el mensaje?
Al Estado que no continúe con esa impunidad, que no se burle de las víctimas. Los gobiernos, principalmente este se ha burlado más, a pesar de que dijo que iba a investigar, a pesar que hasta un almuerzo invitó a las víctimas y después ha resultado todo lo contrario, entonces es una burla, gravísima hacia la víctima causarles más trauma a ellas.