“A partir del martes 23 de enero del presente año, se giraron instrucciones para realizar un análisis documental del proceso interno de evaluación y aprobación del expediente. Se realizará una auditoría ambiental en el proyecto para verificar su situación actual y el cumplimiento de las medidas de mitigación establecidas”, según el comunicado que el ministerio de Ambiente guatemalteco publicó en la red social X.
El pasado 18 de enero, la empresa Bluestone Resources Inc publicó un comunicado donde aseguró que el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales de Guatemala aprobó la enmienda de permisos ambientales para el proyecto minero Cerro Blanco. En respuesta, el ministerio del hermano país afirmó: “El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales no tiene la competencia para otorgar licencias de explotación minera, únicamente determina el impacto ambiental y medidas de mitigación de proyectos que se encuentran regulados en el listado taxativo de esta institución”.
Según el comunicado de la empresa, cinco días antes que el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, asumiera el poder, las autoridades de ese país dieron luz verde para que la empresa canadiense retomara sus operaciones en la mina Cerro Blanco, para extraer metales y procesarlos a cielo abierto.
Peter Hemstead, presidente de Bluestone Resources Inc., afirmó en el comunicado que “después de dedicar más de dos años a obtener la enmienda al permiso ambiental, estamos satisfechos con la decisión del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de aprobar el permiso para el proyecto Cerro Blanco como una operación minera a cielo abierto”.
Preocupados.
Ante la noticia difundida por la empresa canadiense, los ambientalistas salvadoreños y guatemaltecos encendieron alertas por el posible inicio de las operaciones de la mina Cerro Blanco, ubicado en el municipio de Asunción Mita, a 14 kilómetros de la frontera con El Salvador.El vicepresidente del Colectivo Madre Selva, de Guatemala, Julio González, explicó a Diario El Mundo que ayer sostuvieron una reunión con un funcionario del Ministerio de Ambiente para exigir explicaciones. Sin embargo, aseguró que no llegaron a un acuerdo. González afirmó que el aval que Bluestone Resources Inc dice tener no ha sido publicado en el Diario de Centroamérica, el diario oficial de Guatemala, por tanto no es legal.
Mientras tanto, en El Salvador, los ambientalistas Ricardo Navarro del Centro Salvadoreño de Tecenología Apropiada (CESTA) y Luis González de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), instaron al gobierno salvadoreño a buscar acuerdos diplomáticos con Guatemala para evitar la contaminación del principal afluente.
“Esperaría una actitud proactiva de parte del Gobierno de el Salvador para que no nos vaya a contaminar, porque si esto se llega a realizar, ahí no es cuestión que ‘a lo mejor se contamina’, ¡se va a contaminar! Porque los tóxicos, los vierten en un río que colinda con el Lago de Güija y eventualmente llega al río Lempa, esa contaminación va a ser una realidad y por eso hay que detenerla”, aseveró Navarro.
El movimiento Rebelión Verde El Salvador (Reverdes) explicó que la mina amenaza con la contaminación del río Lempa, ya que las aguas residuales se depositarían al río Ostúa, tributario del lago Güija y a la vez del río Lempa. Sostiene que extraerían 2.45 millones de onzas de oro y 10.3 millones de onzas de plata, utilizando grandes cantidades de cianuro.