Cinco organizaciones defensoras de derechos humanos registran, hasta el 25 de mayo, unas 1,123 denuncias de abusos de poder, la mayoría por tratarse de detenciones arbitrarias.

Las denuncias han sido contabilizadas por las organizaciones Cristosal, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), Servicio Social Pasionista (SPASS) y el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (IDHUCA).

"Al 25 de mayo tenemos 1,123 denuncias, solo Fespad reporta 170 casos, con 170 personas; el Servicio Social Pasionista reporta 46 casos con 209 personas atendidas, Azul Originario 105 casos con 116 personas y el Idhuca 59 casos como 60 personas, en el caso de Cristosal son 743 casos con 798 personas ".
Abraham Ábrego,
Director de Litigio Estratégico de Cristosal.

Cristosal indicó que la población más afectada en las cifras que ellos manejan están en un rango de edad entre 18 a 30 años. Y del total de víctimas, un 86.5 % son hombres y 11.4 % son mujeres.

Destacaron que el número de denuncias son solo las que han conocido las organizaciones, consideran que la cifra podría ascender con los casos que no se denuncian.

Muertes.

Así mismo, explicaron que hasta ayer contabilizan unas 26 muertes de personas que han sido capturadas bajo el régimen de excepción, que suman más de 36,000 los detenidos.

"Hasta el día de ayer (2 de junio) teníamos registrado la muerte de 26 casos de personas que habían fallecido bajo custodia del Estado. De esas 26 muertes no se conocen todos los detalles, pero hemos identificado algunas señales con indicios de tortura y de posibles ejecuciones extrajudiciales", añadió Ábrego.


Aunque señaló que hay muertes que se originaron por falta de acceso a medicamentos.

Violaciones a derechos humanos.

Con la muerte de personas en manos del Estado, las organizaciones consideran que se han violentado el derecho a la vida, derivado de las detenciones arbitrarias, y el violentar la presunción de inocencia durante el régimen de excepción.

"Según el marco legal, incluso, habiendo régimen se predomina la presunción de inocencia , ese derecho no está suspendido, ya que para que haya una detención debe de existir una individualización de los delitos que se le acusan, que haya evidencia para presumir que la persona ha participado en un hecho delictivo" dijo Ábrego.

Con lo anterior, aseguró que con las capturas masivas que realizan las autoridades de seguridad se violenta ese derecho, así como la formalidad de detención, la violación a la garantía judicial, el derecho a la defensa, entre otros.

Al mismo tiempo que señalan una deficiencia en las instituciones que garantizan estos derechos, como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), y la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Cristosal aseguró que las violaciones de derechos humanos están constituyendo, actualmente, violaciones sistemáticas generalizadas.

"Estos patrones de violaciones a derechos humanos... que si recuerdan, no hemos tenido casos sistemáticos de casos de derechos humanos, con sistemáticos me refiero a que son generalizados, entonces estas prácticas recuerdan al sistema represivo de los años 80 y son prácticas que no habíamos visto, por ejemplo la de la desaparición forzada, tenemos casos que a estas alturas no se conocen el paradero de la persona, las familias no conocen en qué centro penitenciario están detenidos, mientras no se conozca eso, es de desaparición de personas detenidas", afirmó Ábrego.

Añadió que las prácticas están configurando crímenes de lesa humanidad , al incurrir en violaciones graves de derechos humanos.