“Se han alegado desapariciones forzadas durante el régimen de excepción, esto es totalmente falso...”, sostuvo en su alocución frente a la CIDH y añadió: “Quiero dejar claro que en 2023, la Fiscalía General de la República no ha recibido una sola denuncia sobre este tipo de delitos, tampoco existen ni reconocemos en nuestro contexto desapariciones forzadas de corta duración, un concepto que ha tratado de introducirse en esta audiencia, que además no está definido en el marco convencional ni en la jurisprudencia internacional”.
Las organizaciones expusieron a los comisionados que, entre 2019 y junio de 2022 estiman que hubo 6,443 denuncias por desapariciones, y de estas, el 37.20 % “pueden ser casos activos.
Guzmán cuestionó las cifras de las organizaciones asegurando, que “solo el Estado y las instituciones tienen los datos reales de este tipo de delitos, lo que no es oficial no tiene ninguna credibilidad ni sustento”, afirmó.
El comisionado ofreció sus cifras y afirmó que entre el 2020 y octubre de 2023, hay 219 casos de desaparición por año, con una tasa de cuatro por cada 100,000 habitantes. “Resolviéndose a la fecha el 70 % de los casos recibidos. Números contundentes”, sostuvo Guzmán.
Las organizaciones replicaron que los datos oficiales no se conocen, porque han sido declarados reservados.
“Ataques”.
El comisionado arremetió contra las organizaciones, al afirmar que “buscan atacar los planes del gobierno” y “aprovechan que el país está en periodo político electoral”.
La comisionada de la CIDH, Tania Panszi, hizo un llamado de atención sobre esa afirmación y pidió cautela.
“Me parece un poco arriesgado, por decirlo menos, la sobregeneralización de que la sociedad civil salvadoreña, cuando vienen a estos espacios internacionales a cuestionar al Estado es que quieren cuestionar un plan de seguridad o que son parte de una oposición”, sostuvo y añadió: “Las designaciones en espacios internacionales de señalar a la sociedad civil parecen riesgosas y habría que ir con cautela respecto a ellas”, sentenció.
La comisionada también pidió salir de la “falsa dicotomía de o defender a las maras o defender a la población”. “Creo que el deber del Estado es defender el debido proceso”, añadió.
Ayer, el Estado salvadoreño asistió a una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Washington, Estados Unidos, donde fue examinada la situación por las desapariciones forzadas. Las organizaciones de sociedad civil pidieron ordenar al Estado elaborar una legislación especial y un registro único de personas desaparecidas.