“Los datos indican que, de los 38 feminicidios, 18 fueron cometidos por parejas o ex parejas de las víctimas; cifra que supera el registro de 2022, cuando al cierre de octubre se informó de 14 mujeres asesinadas en condiciones similares”, informó Ormusa a través de un comunicado de prensa.
Explica que los casos donde la pareja es la responsable, se debe a que se valen de los espacios o círculos de confianza para cometerlos.
Añade que dentro de los 38 feminicidios, hay otros 18 que fueron cometidos por otros agresores y dos fueron catalogados como suicidios feminicidios, según el monitoreo de medios que hace la organización, a falta de transparencia y por la reserva de la información que puso el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública a las estadísticas.
Entre las víctimas, hay tres niñas menores de 10 años de edad, 17 están en el rango de edad de los 20 a 59 años, y tres mujeres entre los 66 y 80 años de edad.
Una de las menores es la pequeña Melissa, de 7 años de edad, quien fue asesinada el pasado 10 de octubre en el reparto La Campanera, en Soyapango.
Circunstancias.
“El 31.6 % de asesinatos (12) se cometió con arma de fuego; el 29 % (11) se cometieron con arma blanca, corvo y cuchillo, seis mujeres murieron a causa de golpes, una apuñalada, dos suicidios por ahorcamiento, una fue encontrada con signos de violencia no especificada y de cinco no se obtuvo información”, especificó Ormusa.Sobre el lugar donde se cometieron, a parte de la casa o vivienda, también ejemplifica lugares como ríos, calles, quebradas, terreno o predios baldíos, todos estos lugares concentrados en tres departamentos, siendo San Salvador con nueve casos, Ahuachapán y La Paz con cinco casos, respectivamente. El único departamento del país donde no han ocurrido feminicidios es La Libertad.La organización enfatiza la necesidad de aplicar medidas de protección en favor de las mujeres que denuncian la violencia.
“Desde la red hospitalaria para identificar potenciales víctimas de violencia, emprender campañas para promover la denuncia y fortalecer los servicios especializados en las instituciones del Estado con responsabilidad en la prevención, atención, investigación y sanción de la violencia contra las mujeres”, pide Ormusa.
Así mismo, solicitan recursos técnicos, financieros y humanos para el cumplimiento de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, que ayuden a modificar las prácticas y cotidianas que minimicen la violencia contra las mujeres.