La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) recomendó al Juzgado de Primera Instancia de San Sebastián, en el departamento de San Vicente, seguir con la investigación sobre la masacre de El Calabozo ocurrida el 22 de agosto de 1982 y a la Asamblea a retomar la propuesta de ley de Justicia Transicional.

La PDDH se dirige al juez Joaquín Humberto Padilla Bonilla para que continúe con “la tramitación del expediente, aplicando con preferencia la Constitución de la República, la jurispruedencia que sobre la investigación y juzgamiento de crímenes cometidos durante el conflicto armado ha promulgado la Sala de lo Constitucional”.

A la Fiscalía General de la República, la PDDH también recomienda seguir con las investigaciones de la masacre “para presentar ante los tribunales de justicia, a quienes resultaren involucrados”.

Este 22 de agosto se conmemoran 40 años cuando se perpetró el operativo militar denominado “Teniente Coronel Mario Azenón Palma” desde el 17 al 25 de agosto de 1982 en los municipios de San Esteban Caterina, San Lorenzo, Santa Clara y otros aledaños.

De acuerdo al informe de la Comisión de la Verdad “De la locura a la esperanza”, existen pruebas “suficientes” de que el Batallón Atlacatl, el 22 de agosto de 1982, dio muerte “deliberadamente” a más de 200 civiles, hombres, mujeres y niños, que habían apresado sin resistencia. Dice que las autoridades salvadoreñas han negado el hecho y que a pesar que dijeron haber investigado, no existe rastro de dicha investigación.

Hoy, la comunidad, familiares de sobrevivientes y organizaciones sociales conmemoraron la masacre en San Vicente y pidieron justicia por los hechos ocurridos hace 40 años.

Actualmente, el caso está en etapa de instrucción y el pasado 14 de enero, la Fiscalía General de la República pidió la detención de cinco exjefes militares, en el conflicto armado por la masacre. Estos son: el general y exministro de la Defensa, José Guillermo García, además del excoronel Sigifredo Ochoa Pérez, al entonces comandante de la Quinta Brigada, Napoleón Alvarado (fallecido); al jefe del Estado Mayor, Rafael Flores Lima (fallecido) y del exgeneral y jefe de la Fuerza Aérea, Juan Rafael Bustillo.

También pidió la detención del teniente coronal Domingo Monterrosa Barrios, sin embargo, murió en 1984.

El 23 de enero del 2020, el Instituto de Medicina Legal entregó los restos de seis personas asesinadas en dicha matanza.

Ley

Además, la PDDH pidió a los diputados de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, que retomen “el análisis, discusión y aprobación de la normativa que regulará el derecho a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición de las víctimas de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, constitutivos de graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario, cometidos en el conflicto armado interno”.

En 2016, la Sala de lo Constitucional emitió una sentencia que declaró inconstitucional la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz de 1993 que declaraba una amnistía general e incondicional.

La sentencia ordenó que la Asamblea Legislativa en un “plazo razonable” regulara los medios para que se garantice el acceso a la información pública sobre los hechos y circunstancias relacionados a los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra; que se dispusiera de los recursos adecuados para que en el menor tiempo posible se respondiera a las exigencias de las víctimas, sus familiares y sociedad sobre investigaciones, enjuiciamiento, esclarecimiento de la verdad y sanción a los responsables; y ordenaba “considerar” medidas de reparación integral a las víctimas para garantizar satisfacción, compensación y reivindicación.