"A la Fiscalía General de la República (pedimos) que retire la acusación contra nuestros líderes, por falta de pruebas y carencia de sustento legal", afirmó Alfredo Leiva, miembro de la comunidad Santa Marta.
A criterio de ellos, desde que fueron detenidos no hay pruebas de los delitos atribuidos, y no han logrado desestimar la acusación penal.
"La acusación es totalmente improcedente debido a disposiciones de la Ley de Reconciliación Nacional de 1992 que recobró vigencia tras la sentencia de inconstitucional contra la Ley de Amnistía de 1993. La acusación contra los líderes es totalmente ilegal", afirmó Leiva.
El abogado defensor, Dennis Muñoz, aseguró que el caso se están vulnerando derechos humanos "indudablemente" y que se podrían estar configurando delitos.
"Me atrevo a decir, que se están cometiendo delitos como actos arbitrarios constantemente en este proceso y es muy negativo porque, cómo es posible que venga a atribuirse delitos de lesa humanidad a personas que incluso ya se encuentran insertadas en la sociedad y que también forman parte de un núcleo social", declaró Muñoz.
En ese sentido, detallaron en los seis meses de detención y del proceso, ha habido abuso, arbitrariedades, y una manipulación de la justicia innecesaria, violaciones al derecho de defensa y la negativa de las autoridades fiscales, judiciales y penitenciarias salvadoreñas de acatar el llamado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), cuando pidieron la libertad de los detenidos.
"No hay sustento de nada, es como que únicamente venga alguien que por una sospecha", así definió el caso Muñoz.
Mencionó que el pasado 26 de junio se realizó, en el municipio de Victoria, una exhumación en donde supuestamente está el cuerpo de la víctima, pero los forenses no encontraron los restos. Dicen que el testigo mintió al decir que allí estaba la víctima, por tanto, consideran que si no hay cuerpo no hay delito.
También reiteraron al Juzgado de Instrucción de Sensuntepeque, instancia que lleva el caso, que realice la audiencia especial de revisión de medidas ordenada por la Cámara de Segunda Instancia de Cojutepeque para que revierta la detención provisional.
Los seis procesados, quienes la Fiscalía General de la República acusa del asesinato de María Inés Alvarenga Leiva, ocurrido en agosto de 1989 son Fidel de Dolores Recinos, Saúl Agustín Rivas Ortega, Teodoro Antonio Pacheco, Miguel Ángel Gámez, Pedro Antonio Rivas Laínez y Alejandro Laínez García.