El Juzgado Tercero de Instrucción de San Salvador programó la audiencia preliminar en contra de diez exfuncionarios de la gestión de Mauricio Funes, acusados de los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero y activo, por supuestamente haber recibido sobresueldos entre el 2019 y el 2014.

"Ténganse por legalmente convocados para la audiencia preliminar señalada para las 8:30 de la mañana de los días 24, 25, 26 y 27 de octubre", dice la notificación del Juzgado Tercero de Instrucción a las partes procesales.

En la notificación agrega que han sido citados por medio de edictos judiciales a los imputados en calidad de rebeldes, siendo el expresidente Salvador Sánchez Cerén, el exministro de Seguridad, Manuel Melgar; la exviceministra de Medio Ambiente, Lina Pohl; el expresidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), José Guillermo López Suárez; y el exministro de Obras Públicas, Gerson Martínez.

Así mismo, a los exfuncionarios que gozan de medidas sustitutivas a la detención, la exviceministra de Salud, Violeta Menjívar; la exviceministra de Educación, Erlinda Hándal; el exministro Trabajo, Calixto Mejía; el exviceministro de Agricultura y Ganadería, Hugo Flores; y el exministro de Hacienda, Carlos Cáceres.

Confesión de los hechos.

En la audiencia preliminar, tres de los 10 exfuncionarios estarían dispuestos a confesar los hechos imputado a cambio de una reducción de pena, entre ellos, Violeta Menjívar; Erlinda Hándal y Hugo Flores.

En el caso del exministro de Hacienda, Carlos Cáceres, sus defensores manifestaron que estaban "en pláticas" para el procedimiento abreviado. En cambio, la defensa de Salvador Sánchez Cerén, confirmó a Diario El Mundo que no buscarían juicio abreviado, porque están seguros de su inocencia.

El procedimiento del juicio abreviado está consignado en el Código Procesal Penal y establece un acuerdo entre la defensa y la Fiscalía, para que el procesado confiese los hechos para obtener una reducción de la pena.

El caso.

La acusación de la Fiscalía consiste en que el dinero de los sobresueldos, salía supuestamente de la partida secreta de Casa Presidencial, transferidos desde el ministerio de Hacienda a la Presidencia, sin el aval de la Asamblea Legislativa, entre 2009 y 2014.

La Fiscalía acusa a Menjívar de haberse enriquecido ilícitamente con $177,000 a través los sobresueldos; Hándal habría recibido $162,000, Cáceres fue acusado de haber recibido $210,000 adicionales a su salario y Mejía, supuestamente recibió $208,000.