Representantes de micro y pequeñas empresas (MYPEs) encargados de la confección de uniformes escolares para el año 2027 denunciaron que el Ministerio de Educación (MINED) canceló a última hora una reunión clave programada para la entrega de telas y la asignación de tallajes, este jueves.
Eusebio Alfaro, coordinador que representa a proveedores del departamento de La Paz, explicó que la convocatoria estaba fijada desde hace casi un mes para el 23 de julio. Sin embargo, a través de un correo electrónico enviado a las 8:15 a.m. del mismo día, las autoridades notificaron la suspensión del encuentro sin detallar los motivos.
«Estamos un poquito a disgusto porque gente de Morazán, de La Unión, Chalatenango vienen y no podían regresarse, unos salieron a las 3:00 de la mañana», relató Alfaro. El representante agregó que los funcionarios no permitieron el ingreso de los afectados a las instalaciones, atendiéndolos en un parque aledaño, donde les indicaron que desconocían las razones de la cancelación y no les brindaron una nueva fecha de entrega.
La falta de materia prima mantiene paralizados a cientos de talleres a nivel nacional. Los microempresarios señalan que esta pausa obligada les impide aceptar contratos de temporada, como la elaboración de uniformes para las bandas de paz de las fiestas cívicas de septiembre. Esto se debe a que el MINED les otorga un plazo de 60 días para entregar el producto terminado una vez se emite la orden de inicio.
«Estamos con las máquinas solo limpiándolas, esperando a que ellos nos den la tela», lamentó Alfaro, exigiendo claridad al Estado sobre la continuidad del proyecto. Solo en el departamento de La Paz, este programa sostiene a 150 proveedores, generando cada uno entre seis y siete empleos directos.
El impacto social de la medida también afecta a sectores vulnerables. Nelson Javier, proveedor del departamento de Sonsonate —zona que concentra entre 150 y 200 talleres—, destacó que el programa es una fuente de ingresos vital para poblaciones marginadas del mercado laboral.
«Hay muchas personas detrás que dependen de esto, hay madres de familia que son solteras también, muchas personas de la tercera edad […] Esa incertidumbre los tiene ahorita con problemas de salud», afirmó Javier, subrayando la angustia que viven las familias ante el silencio gubernamental.
A la incertidumbre operativa se suma una irregularidad jurídica denunciada por los mismos proveedores. Según explican, los contratos firmados previamente no establecen una fecha de caducidad; su vigencia y validez legal inician exclusivamente en el momento en que el Estado entrega la tela.
Javier advirtió que esta condición deja a los microempresarios en estado de indefensa sin herramientas legales para exigir el cumplimiento de los acuerdos. «Es un vacío legal […] no pueden demandar nada precisamente por eso», explicó el proveedor, señalando que bajo este esquema, el gobierno podría mantenerlos a la espera de manera indefinida.
