De acuerdo con la demanda de la Fiscalía General de la República (FGR), el diputado Alberto Romero no justificó un aumento patrimonial de $87,931.93, mientras que su esposa Ana Lourdes Olmedo de Romero tuvo incremento injustificado de $67,472.01, además, su hija Lourdes Gabriela Romero de Marroquín se desconoce el origen de $3,305.14.
“En este proceso se le está reclamando una serie de irregularidades consistentes en depósitos en cuentas, pagos en algunas obligaciones bancarias, tarjetas de créditos, y algunos créditos, que no fueron justificados el origen de esos fondos en la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia”, explicó el fiscal el caso.
El enriquecimiento ilícito habría sido cometido en el periodo de 2009 hasta abril de 2015, cuando fungió como diputado propietario en la Asamblea Legislativa por el departamento de Cuscatlán, tras 21 irregularidades en total detectadas contra el funcionario y su familia.
Los $158,959.08 que se presume se enriquecieron Alberto Romero y su familia, la Fiscalía busca que sean reintegrados al Estado, tras su solicitud de condena.
“Así mismo, se estaría solicitando la inhabilitación especial para ejercer de cualquier cargo público para el periodo de dos años”, sostuvo el fiscal que sería otra de las peticiones a los magistrados de la Cámara.
El fallo donde se conocerá si es condenado o es absuelto será dado a conocer el próximo 14 de agosto a las 10:30 de la mañana, en Cuscatlán.