La Policía Nacional Civil (PNC) y la Fuerza Armada han detenido a más de 9,600 personas en las últimas dos semanas en El Salvador, de las cuales 15 días han tenido activo el régimen de excepción, confirmó el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro.
El Salvador vive desde hace 15 días en régimen de excepción a derechos consitucionales, avalado por el Gobierno tras un repunte de homicidios registrado entre el 25 y el 27 de marzo, que dejó 87 muertes violentas a manos de pandillas en todo el territorio nacional.
La cifra de capturados tras la violenta jornada continúa subiendo, llegando a 9,634 personas detenidas, según indicó la PNC a través de Twitter. Esto, después que el Gobierno declarara una “verdadera guerra” contra estas estructuras, catalogadas como terroristas por la ley salvadoreña, indicó Villatoro.
“Esta herramienta (el régimen de excepción) nos ha permitido venir en una cadena de eventos que ya arroja más de 9,500 detenciones de estos grupos terroristas, que ya venían por 30 años acostumbrados de tener sometidas a las comunidades, implementando una sociedad paralela en un estado de derecho”, dijo el ministro ayer.
Procesados.
De un total de 2,221 acusados judicialmente durante el régimen de excepción, 2,219 fueron enviados a detención provisional en la primera audiencia, mientras continúa el proceso judicial en su contra en la fase de instrucción por el delito de organizaciones terroristas y otros ilícitos.Ayer se confirmó que a petición de la Fiscalía General de la República, todos los casos de capturas durante el régimen de excepción tienen reserva judicial, esto impedirá conocer los pormenores de los cargos que se atribuyen a los acusados.
Esta herramienta (el régimen de excepción) nos ha permitido venir en una cadena de eventos que ya arroja más de 9,500 detenciones”. Gustavo Villatoro, ministro de Seguridad
Los últimos 202 detenidos en Soyapango, Ilopango y San Martín fueron enviados a prisión provisional en las audiencias de imposición de medidas realizadas este lunes de forma virtual en los Juzgados Especializados de Instrucción A-2, A-3 y B-2 de San Salvador.
La Fiscalía General de la República reportó que, los jueces antimafia han resuelto que hay suficientes elementos de prueba que demuestran la posible participación de los detenidos en los hechos que se les atribuye.
Del sábado a lunes se han realizado 16 audiencias de imposición de medidas en los juzgados Especializados de Instrucción de San Salvador, Santa Ana y San Miguel; los últimos 200 casos fueron distribuidos en tres audiencias este lunes: 92 en el Juzgado Especializado A-2, 51 en el Juzgado A-3 y 59 en el Juzgado B-3.
La mayoría de los procesados son acusados de los delitos de organizaciones terroristas, tráfico ilícito, tenencia, portación o conducción ilegal de armas de fuego, homicidio, extorsiones, limitación a la libre circulación, receptación, hurto de energía eléctrica y agua potable, entre otros, tras haber incidido en el alza de homicidios que cobró la vida de 87 personas entre el 25 y el 27 de marzo.
A pesar de que se dijo que los sospechosos no tendrían derecho a la defensa particular, varios abogados particulares ejercen la defensa de los procesados. Tras las capturas, las autoridades incautaron armas de fuego, accesorios, municiones, teléfonos celulares, drogas, vehículos y dinero en efectivo, como evidencia de la supuesta participación delictiva en las colonias donde se encontraban.
