La organización indicó que el gobierno de Nayib Bukele implementa la medida de forma extraordinaria y temporal sin ningún tipo de evaluación o contrapeso en país, y con una respuesta "tímida" de la comunidad internacional.
"Se ha generado la ilusión errónea de que el presidente Bukele ha encontrado la fórmula mágica para resolver problemas muy complejos –como el de la violencia y la criminalidad– de manera aparentemente sencilla. Sin embargo, no puede ser un éxito reducir la violencia pandilleril sustituyéndola por violencia estatal", cuestionó el miércoles Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Sostuvo que el régimen de excepción atenta contra la presunción de inocencia y el derecho a la defensa, y otras garantías al debido proceso, que han sido denunciadas por organizaciones de la sociedad civil salvadoreña.
Aseguró que el gobierno persiste en mantener medidas desproporcionadas y ocultar las graves violaciones a derechos humanos.
"Revela su falta de voluntad para cumplir con su deber de respetar y promover los derechos humanos en el país. Además, demuestra su incapacidad para diseñar medidas integrales de largo plazo que aborden las causas subyacentes de la violencia y la criminalidad, sin forzar a la población a elegir entre seguridad y libertad”, agregó Piquer.
Amnistía Internacional citó que organizaciones han reportado 327 casos de desapariciones forzadas, más de 78,000 detenciones arbitrarias y 235 muertes bajo la custodia del Estado.
Criminalización
La organización alertó sobre el riesgo que asumen las personas defensoras de derechos humanos y personas disidentes o críticas, y del uso del régimen de excepción para criminalizarlas. Como ejemplo señaló el caso de Verónica Delgado, madre de una joven desaparecida e integrante del Bloque de Búsqueda de Personas Desaparecidas, capturada el 11 de marzo por el régimen de excepción.“La comunidad internacional debe reaccionar de manera robusta, articulada y contundente para condenar cualquier modelo de seguridad pública que se base en la violación de los derechos humanos", aseguró Piquer.
Así mismo, previsualizó que el segundo mandato del presidente Bukele podría generar una "profundización de las crisis que se ha observado en los últimos años", con una instrumentalización del proceso penal y la instauración de una política de tortura en el sistema penitenciario.
"La instauración de una política de tortura en el sistema penitenciario podrían perpetuarse, provocando un aumento en las ya alarmantes cifras de violaciones al debido proceso, muertes bajo custodia del Estado y la precarización de la situación de las personas privadas de libertad", pronosticó la organización Amnistía Internacional en el marco de la vigencia de dos años del régimen de excepción.
Paz y libertad
Este miércoles el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, aseguró que el régimen de excepción logró derrotar al Estado paralelo del crimen organizado que se vivía antes de la entrada en vigencia del régimen de excepción."El régimen de excepción vino a transformar El Salvador en materia de seguridad. Ahora, nuestra población vive en verdadera paz y libertad", aseguró Villatoro.
El régimen de excepción fue aprobado por la Asamblea Legislativa un 27 de marzo del 2022, luego de un alza de homicidios de más de 60 personas.